Papelón de Montero: todas las Comunidades menos Cataluña le trasladan su rechazo frontal al nuevo modelo de financiación

Más de cuatro horas de reunión y un rechazo prácticamente unánime. El Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado este miércoles ha dejado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, completamente aislada frente a las Comunidades Autónomas. Todas, salvo obviamente Cataluña, trasladaron su oposición explícita al nuevo modelo de financiación autonómica promovido por el Gobierno. Por el funcionamiento del organismo, ese voto a favor de Cataluña le sirve al Gobierno para sacar adelante el modelo, ya que el ministerio de Hacienda cuenta con el 50% de los votos y le vale la abstención o voto a favor de tan solo una Comunidad. Eso sí, aún falta el escollo más difícil: mayoría absoluta en el Congreso.

Desde que se conocieron las cifras destinadas a Cataluña en voz de Junqueras y negociadas de forma secreta con los independentistas, las Comunidades alzaron la voz para denunciar un modelo que de esta manera nace “viciado” por el acuerdo previo alcanzado entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el líder de ERC, Oriol Junqueras, al margen de cualquier negociación multilateral.

Lo ha definido con claridad el consejero de Economía de la Región de Murcia, Luis Alberto Marín, destacando que es realmente significativo que “más del 95% de las comunidades autónomas presentes en este Consejo de Política Fiscal y Financiera” hayan mostrado su “rechazo frontal”. Y es que lo define como un modelo que no soluciona los problemas de financiación y que surge de la bilateralidad con “independentistas y secesionistas”. En definitiva, del interés político del Gobierno central.

Según ha explicado el propio Marín, durante la reunión la ministra Montero se limitó a reiterar el mismo mensaje que ya había trasladado el pasado viernes en rueda de prensa, sin atender a las críticas generalizadas ni introducir cambios sustanciales en su planteamiento.

Desde la Comunidad de Madrid, la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, también ha sido contundente rechazando el nuevo modelo, cuestionando también el sistema anterior y exigiendo al Ejecutivo una propuesta verdaderamente multilateral que no esté condicionada “por el resultado que ha decidido el señor Junqueras”.

Preguntada por la posibilidad de recurrir el modelo ante el Tribunal Constitucional si finalmente se aprueba, Albert descartó esa vía concreta, aunque dejó claro que el Ejecutivo madrileño utilizará “todos los recursos legales” a su alcance para oponerse a la iniciativa.

Montero, candidata en Andalucía, a defenderlo ante los andaluces

El choque tiene, además, una derivada política especialmente incómoda para la ministra de Hacienda. María Jesús Montero es candidata en Andalucía y tendrá que explicar a los andaluces por qué el Gobierno al que pertenece ha pactado con los independentistas catalanes un modelo de financiación que afecta al conjunto de las regiones y, de forma directa, a Andalucía.

El principal argumento desde el Gobierno para defender el modelo es que todas las Comunidades salen ganando respecto al anterior, algo que es lógico teniendo en cuenta que han pasado 11 años desde su aprobación. Además, otra obviedad ha esgrimido Montero: el principal beneficiado será el Partido Popular. Evidentemente si gobiernan en 13 de 17 Comunidades autónomas y cada una recibirá más cantidad de dinero. Pero la principal queja desde las regiones no es la cantidad, sino el hecho de solo haber negociado con solo una el reparto y que sea precisamente de las más beneficiadas. 

Es por ello que Montero, casi a modo de reto, ha aclarado que las Comunidades podrán elegir si adherirse al nuevo sistema o seguir con el actual aprobado con Zapatero. Algo que ninguna va a hacer porque sí, hay más dinero para todas, pero eso no quita que consideren injusto el que se haya negociado solo con una región, Cataluña.

A pesar de ese rechazo casi unánime, la reunión de este miércoles se puede considerar un trámite, ya que como al Ministerio de Hacienda le corresponden el 50% de los votos por lo tanto solo necesita el 'sí' o la abstención de una comunidad: Cataluña. Eso sí, ahora falta el paso definitivo. Una vez se redacte la ley, será el momento de sentarse a negociar con todos los grupos en la Cámara y después, incluidas posibles cambios o no, necesitará mayoría absoluta en el Congreso para entrar en vigor.