El juez Pedraz cita al hijo de Obiang por terrorismo, secuestro y torturas
El magistrado de la Audiencia Nacional tomará declaración por videoconferencia a la cúpula de seguridad de Guinea Ecuatorial el 5 de febrero.
El presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo.
La Audiencia Nacional ha dado un paso clave en una de las investigaciones más sensibles abiertas por crímenes internacionales. El juez Santiago Pedraz ha citado a declarar por presuntos delitos de terrorismo, secuestro y torturas a Carmelo Ovono, viceministro de Seguridad Exterior e hijo del presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, junto a otros dos altos cargos del aparato de seguridad del país africano.
La comparecencia se celebrará el próximo 5 de febrero a las 10.00 horas, por videoconferencia desde la Embajada de España en Malabo, capital de Guinea Ecuatorial, después de que las defensas aceptaran esta fórmula,
Órdenes internacionales
El magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5 también ha llamado a declarar al ministro de Seguridad Nacional, Nicolás Obama, y al director general adjunto de Seguridad Presidencial, Isaac Nguema. Los tres están procesados desde febrero de 2024 por el presunto secuestro y desaparición de cuatro miembros del Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial-Tercera República (MLGE3R).
En aquel momento, Pedraz dictó órdenes de detención e ingreso en prisión y activó los mecanismos de búsqueda a través de las fuerzas de seguridad españolas, el sistema SIRENE y Interpol, tras la corrección de la Sala de lo Penal, que reprochó al instructor la falta de motivación para no haberlas emitido antes.
Los magistrados apreciaron indicios suficientes de implicación de los investigados, subrayaron su situación de “rebeldía” por desoír reiterados llamamientos judiciales y destacaron conexiones con seguimientos realizados en España, así como movimientos de dinero en entidades bancarias españolas que podrían estar relacionados con los hechos investigados.
Con esta citación, la Audiencia Nacional busca finalmente tomar declaración a una cúpula de poder extranjera a la que atribuye graves vulneraciones de derechos humanos y que, hasta ahora, había logrado esquivar la acción directa de la justicia española.