Pulso judicial
García Ortiz desafía al Supremo y pide anular su histórica condena
El ex fiscal general del Estado ha interpuesto un incidente de nulidad contra su condena por revelación de secretos, argumentando vulneración de derechos fundamentales
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El ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz ha presentado ante el Tribunal Supremo un incidente de nulidad con el objetivo de que se deje sin efecto la sentencia que le condenó por un delito de revelación de secretos
La condena, dictada en noviembre de 2025, imponía dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros al empresario Alberto González Amador, pareja de la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la filtración de datos reservados.
La Abogacía del Estado —que ejerce la defensa de García Ortiz— solicita que se declare la nulidad de esta sentencia por considerar que se han vulnerado derechos fundamentales durante el proceso.
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Vulneración de derechos y libertad de expresión institucional
Según el escrito presentado, la defensa mantiene que la actuación de García Ortiz no puede ser penalizada porque se enmarcó en la defensa de la “credibilidad e independencia” de la Fiscalía frente a lo que él consideró ataques que ponían en entredicho la institución.
Se alega que el Supremo realizó una valoración probatoria “insuficiente” y omitió pruebas de descargo que habrían generado una duda razonable sobre su responsabilidad. Igualmente, se sostiene que la sentencia criminaliza la libertad de expresión en su dimensión institucional, al castigar lo que fue un intento de desmentir o aclarar hechos en defensa de la Fiscalía.
La defensa también critica que la interpretación del delito llevó al tribunal a considerar parte de la comunicación institucional como aspecto del delito, lo que, según ellos, excede los límites legales establecidos para la revelación de secretos.
Implicaciones sobre el recurso
El incidente de nulidad es un recurso extraordinario y excepcional que puede llevar a que el propio Supremo revise su sentencia y, de considerarlo procedente, anule o modifique el fallo.
Además de alegar la vulneración de derechos, la Abogacía del Estado apuesta por la retroacción de las actuaciones al momento procesal oportuno, lo que implicaría reabrir partes del procedimiento o incluso replantear su desarrollo.