Otra decisión judicial respalda a Peinado y tumba el recurso de la asesora de Begoña Gómez por los correos clave
La Audiencia Provincial de Madrid ha dado un nuevo impulso a la investigación sobre el entorno de Begoña Gómez al respaldar al juez Juan Carlos Peinado y rechazar el recurso presentado por su asesora, Cristina Álvarez, en relación con los correos electrónicos clave sobre la financiación de la cátedra en la Complutense.
Archivo - La asesora de Begoña Gómez en Moncloa Cristina Álvarez, a su salida de declarar a los juzgados de Plaza de Castilla el pasado febrero.
La ofensiva judicial en torno al caso Begoña Gómez suma un nuevo capítulo decisivo. La Audiencia Provincial de Madrid ha dado la razón al magistrado Juan Carlos Peinado y ha desestimado el recurso de apelación presentado por Cristina Álvarez, asesora de la esposa del presidente del Gobierno en Moncloa, que pretendía frenar el acceso a correos electrónicos considerados relevantes para la investigación.
La resolución judicial supone un respaldo directo a la actuación del instructor, que en septiembre reclamó al exvicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Doadrio, todos los correos electrónicos intercambiados con Álvarez. Una diligencia que la defensa de la asesora trató de invalidar alegando que debía haberse acordado mediante auto judicial y no por providencia, al entender que afectaba al derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones.
Sin embargo, los magistrados de la Audiencia han sido claros. En su auto recuerdan que fue el propio Doadrio quien, durante su declaración, se ofreció voluntariamente a aportar los correos electrónicos al manifestar que disponía de cerca de un centenar de mensajes. Por ello, subrayan que la resolución del juez Peinado se limitó a ordenar el procedimiento y dar cumplimiento a ese ofrecimiento expreso.
De este modo, el tribunal desmonta el principal argumento de la defensa de Álvarez y refuerza la legalidad de una diligencia clave dentro del sumario. La providencia cuestionada fue dictada el pasado mes de septiembre, cuando el juez requirió formalmente a Doadrio para que remitiera al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid “todos los correos de que disponga en los que resulte remitente o destinataria la investigada Álvarez”.
Finalmente, el exvicerrector entregó parte de esa documentación y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil elevó un informe al magistrado en el que confirmaba la localización de más de 100 correos electrónicos. Según los investigadores, estos mensajes reflejan “gestiones” realizadas por Cristina Álvarez con empresas para financiar la cátedra que Begoña Gómez codirigió en la Universidad Complutense.