Justicia
Plan de choque en la Audiencia Nacional ante el colapso de las macrocausas de corrupción
Tres magistrados se incorporan a la Sección Segunda para permitir la celebración simultánea de vistas mientras Justicia prepara una ampliación estructural de plazas en la Audiencia Nacional.

Una de las salas de la nueva sede de la Audiencia Nacional.
El órgano de gobierno de los jueces ha aprobado un refuerzo urgente en la Sala de lo Penal ante el colapso que arrastran los macroprocesos de corrupción, terrorismo y delincuencia económica, algunos pendientes de juicio desde hace más de una década.
Sistema judicial
La acumulación de procedimientos complejos en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha llevado al órgano de gobierno de los jueces a adoptar una medida excepcional. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado el refuerzo inmediato de la Sección Segunda, encargada de juzgar algunas de las causas más sensibles del sistema judicial español, con el objetivo de acelerar la celebración de vistas y reducir el retraso acumulado.
La decisión se produce tras la petición formal del presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández, y cuenta con el respaldo presupuestario del Ministerio de Justicia, dirigido por Félix Bolaños.
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Más jueces para los casos más complejos
El acuerdo contempla la incorporación en comisión de servicio de tres magistrados a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal. Se trata de María José García-Galán San Miguel y José Pedro Vázquez Rodríguez, ambos procedentes de la Audiencia Provincial de Madrid, así como de Alberto Varona Jiménez, actualmente destinado en la Audiencia Provincial de Barcelona.
Con estas incorporaciones, la Sección pasará a contar con ocho magistrados, lo que permitirá formar dos tribunales de cuatro jueces y celebrar juicios de manera simultánea. El refuerzo se dirige al órgano que revisa y enjuicia las resoluciones dictadas por los seis juzgados centrales de instrucción, responsables de investigaciones de enorme complejidad técnica y procesal.
Entre los procedimientos en tramitación figuran macrocausas como el denominado caso Koldo cuya vertiente política está en manos del Tribunal Supremo por el aforamiento del exministro José Luis Ábalos, además de diligencias relacionadas con la financiación del PSOE y otros sumarios de largo recorrido como Lezo, Púnica o el caso Villarejo.
Saturación histórica y respuesta estructural
La medida llega en un contexto de colapso persistente. La Sección Segunda, presidida por Fernando Andreu e integrada actualmente por Joaquín Delgado Martín, María Teresa García Quesada, José Joaquín Hervás Ortiz y Ana Victoria Revuelta Iglesias, acumula 59 causas pendientes de juicio, según los datos remitidos al CGPJ el pasado mes de septiembre.
El atasco se explica por la naturaleza de los procedimientos: investigaciones con numerosos acusados, abundante prueba documental y vistas que se prolongan durante meses. Algunos procesos se iniciaron hace más de diez años y aún no han llegado a juicio, como los casos Emperador (Gao Ping) o Gowex.
Aunque entre los candidatos al refuerzo figuraba Pablo Ruz Gutiérrez, actualmente titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Móstoles y con experiencia previa en la Audiencia Nacional, su nombramiento fue descartado por no contar con trayectoria suficiente en órganos colegiados.
Nuevos juzgados y más plazas en el horizonte
De forma paralela, la Comisión Permanente ha aprobado dos comisiones de servicio con relevación de funciones en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, otro de los órganos con mayor carga de trabajo y proyección pública.
Además, el propio CGPJ ha reclamado la creación de dos nuevos juzgados centrales de instrucción, el último se puso en marcha en 1997y, al menos, tres nuevas plazas de magistrado. En esa misma línea, el Ministerio de Justicia ha incluido en el real decreto de creación de 500 nuevas plazas judiciales previstas para 2026 cuatro puestos adicionales en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, apuntando a una solución más estable frente a un problema que ya se considera estructural.