Cerdán pone el cronómetro al Supremo y solicita acelerar el análisis de su patrimonio

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha solicitado al juez del Tribunal Supremo que instruye la causa en la que está investigado que acelere la elaboración del informe sobre su situación patrimonial. Según expone su defensa, este "impulso procesal" resulta necesario para salvaguardar su derecho a la presunción de inocencia, que considera seriamente erosionado por las acusaciones vertidas contra él y su entorno familiar.

En un escrito dirigido al magistrado instructor del conocido como caso Koldo, los abogados del exdiputado reclaman que se adopten medidas para proteger ese derecho fundamental y denuncian el retraso en la entrega del informe patrimonial encargado a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. A su juicio, la falta de conclusiones claras está teniendo un impacto directo y negativo en la percepción pública del investigado.

Los letrados subrayan que la actividad investigadora desarrollada hasta ahora, sin un resultado definitivo en lo relativo al patrimonio de Cerdán, ha provocado que determinadas sospechas se afiancen con el paso del tiempo como si se tratara de hechos probados. Una situación que, advierten, se produce pese a que no existe aún material concluyente que permita sostener una imputación de culpabilidad.

El efecto del retraso

La defensa sostiene que, desde que trascendió el informe policial que apuntaba a la posible implicación de Cerdán en la causa, se han sucedido informaciones en medios de comunicación que atribuyen conductas delictivas tanto al exdirigente socialista como a miembros de su familia. Según recalcan, no se trata de especulaciones periodísticas sin base, sino de datos extraídos de forma parcial de atestados de la Guardia Civil y de resoluciones judiciales.

Precisamente por ello, el escrito incide en que la única vía para corregir esta situación pasa por exigir a los investigadores que aporten cuanto antes el informe completo sobre la investigación patrimonial. De lo contrario, alertan, el daño a la presunción de inocencia se agrava de manera irreversible.

Patrimonio bajo investigación

La defensa sostiene que no dispone de otras vías eficaces para revertir la situación, ya que no puede acudir a la jurisdicción civil para la protección del honor. Argumenta que la mayoría de las informaciones publicadas se limitan a reproducir el contenido de atestados policiales y resoluciones judiciales, siguiendo el criterio del denominado reportaje neutral.

Como ejemplo, los abogados recuerdan el auto por el que el Tribunal Supremo acordó el ingreso en prisión provisional de Santos Cerdán el pasado mes de junio, una medida que se mantuvo hasta noviembre, cuando fue puesto en libertad. En esa resolución judicial se recogía que el exdirigente socialista podría haber recibido al menos 4,5 millones de euros, una afirmación que según su representación legaL debe ser confirmada o descartada de manera expresa por la Policía Judicial.

En el mismo escrito, la defensa rechaza la atribución a Cerdán de una participación del 45% en la empresa Servinabar, señalada en la investigación como una presunta sociedad pantalla utilizada para el cobro de sobornos vinculados a adjudicaciones de obra pública. Los letrados niegan tanto la titularidad de ese porcentaje como que la mercantil funcionara como instrumento para canalizar pagos ilícitos.

No obstante, en uno de sus últimos informes, la Unidad Central Operativa señala que Cerdán y su entorno familiar habrían obtenido beneficios de Servinabar mediante el cobro de nóminas, alquileres de viviendas y el uso de una tarjeta de crédito, en el marco de los presuntos amaños de contratos públicos que investiga el alto tribunal.