Choque institucional: el novio de Ayuso exige apartar a García Ortiz de la carrera fiscal
González Amador solicita que se reconozca la imposibilidad de García Ortiz de continuar en la Fiscalía tras su condena por delito doloso.
González Amador afirma que Álvaro García Ortiz "le mató públicamente" al "romper" su presunción de inocencia | Telecinco
Alberto González Amador, pareja de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recurrido la decisión de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, que permitió a su predecesor, Álvaro García Ortiz, reincorporarse a la carrera fiscal en la Sección de lo Social del Ministerio Público ante el Tribunal Supremo. En su recurso, pide que se le retire la condición de fiscal.
El abogado de Alberto González Amador ha presentado un recurso ante la Fiscalía General del Estado, en el que también ha solicitado que su cliente pueda haber examinado el expediente que ha decidido mantener a García Ortiz en la carrera fiscal.
En el escrito, González Amador ha pedido que se haya anulado dicho expediente y que se haya reconocido la “incapacidad” de Álvaro García Ortiz para ejercer funciones fiscales, debido a su condena por un delito doloso con pena superior a seis meses. Asimismo, ha solicitado que se le haya retirado la condición de fiscal por motivos de incapacidad y por la inhabilitación principal para desempeñar cargos públicos.
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Hechos
El Tribunal Supremo condenó a García Ortiz por revelar secretos de Alberto González Amador, imponiéndose una pena de dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general, así como el pago de una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros.
Fallo Tribunal Supremo | Comunicación Poder Judicial
Los magistrados señalaron en su sentencia que la inhabilitación se aplicaba únicamente al cargo de fiscal general del Estado, advirtiendo que sería “excesivo” extenderla a otros puestos. Asimismo, han dejado en manos de la Fiscalía la decisión sobre el nuevo destino de García Ortiz.
El regreso de García Ortiz a su puesto
La Fiscalía General del Estado dio autorización para que García Ortiz retornara a la Fiscalía del Tribunal Supremo el pasado 13 de enero, afirmando que la condena a dos años de inhabilitación por el delito de revelación de secretos únicamente le impedía ser parte del puesto de trabajo que había realizado, pero no podía ser impedimento para que pudiera desarrollar otros. Así lo indicaron las fuentes del Ministerio Público a esta agencia.
Su incorporación a dicha sección del alto tribunal se llevó a cabo "de conformidad a lo previsto en los estatutos, una vez que quedaba sin efecto su anterior situación de servicios especiales" mientras prestaba servicios como fiscal general, según las mismas fuentes.
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Desde el Ministerio Fiscal apuntaron que "el alcance de la sentencia se encuentra claramente delimitado". La propia resolución del Supremo, continuaron, "imponía a García Ortiz la pena de inhabilitación exclusivamente para el cargo de fiscal general del Estado durante el periodo de tiempo de dos años, sin afectar a su condición de fiscal de carrera ni a otras funciones fiscales o cargos equivalentes".
"Esta precisión es particularmente importante", remarcaron, recordando que el Código Penal prevé que los tribunales tengan que concretar en la sentencia aquellos cargos y empleos que han de ser expresamente afectados por la inhabilitación, prohibiendo una interpretación extensiva, general o automática del alcance de dicha condena.