Ayuso denuncia una “burla a la ley” en el indulto a García Ortiz: “Sánchez quiere mandar un mensaje al Supremo”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado con dureza este miércoles contra el Gobierno de Pedro Sánchez por la petición de indulto al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, una iniciativa que ha calificado sin rodeos como una auténtica “burla a la ley” y un aviso directo al Tribunal Supremo.

Con Sánchez, nadie está a salvo

Desde San Sebastián de los Reyes, tras el Consejo de Gobierno extraordinario celebrado en este municipio madrileño, Ayuso ha denunciado que el Ejecutivo pretende “mandar un mensaje” claro al alto tribunal: “nadie está a salvo y quien lo intente será aniquilado”. Una afirmación de enorme gravedad institucional que, a su juicio, retrata la forma de actuar del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

“Con su esperada pretensión de indultar al fiscal general del Estado, está mandando un mensaje al Supremo y a todos”, ha advertido la dirigente autonómica, quien considera que España atraviesa una “situación inédita” al contar con un jefe del Ejecutivo que “abiertamente se ha situado por encima de la ley”.

El indulto a García Ortiz

El foco de la polémica es la solicitud de indulto presentada por dos particulares a favor de Álvaro García Ortiz, condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos. El Ministerio de Justicia ha iniciado ya los trámites formales y ha remitido la petición al propio Supremo para que emita el preceptivo informe, al tratarse del órgano sentenciador.

Para Ayuso, este movimiento no es un gesto aislado, sino un nuevo episodio de presión política sobre las instituciones judiciales. “No es una decisión jurídica, es un acto de poder”, vienen a resumir desde el entorno de la presidenta madrileña, que ve en este indulto un paso más en la estrategia del Gobierno para erosionar la separación de poderes.

Ayuso eleva el tono

La Comunidad de Madrid eleva así el tono frente a La Moncloa y sitúa el debate en un terreno político e institucional de máxima tensión: el respeto al Estado de derecho y la independencia de la Justicia. Un choque frontal que promete marcar la agenda en las próximas semanas.