Hernando admite ante el juez su reunión con Leire Díez: la “policía patriótica”, los audios y el rastro que lleva a Ferraz

En el sumario que investiga la supuesta “fontanería” alrededor de Leire Díez hay una escena que, por sí sola, retrata el clima político de los últimos años: un alto cargo que hoy es secretario de Estado, una exmilitante socialista bajo investigación, un empresario imputado y una cita en la sede del PSOE para hablar de “policía patriótica”, seguimientos y material sensible. Y todo eso, ahora, bajo la lupa del juzgado.

Este lunes 2 de febrero de 2026, Antonio Hernando declaró como testigo y reconoció que se reunió con Leire Díez para abordar documentación que ella y el también investigado Javier Pérez Dolset decían tener sobre la llamada “policía patriótica” contra Pedro Sánchez. El testimonio llega en plena investigación del juez Arturo Zamarriego, que indaga si hubo una operativa para conseguir información comprometida sobre guardias civiles, fiscales y jueces a cambio de favores.

La clave política no es solo “qué” se habló, sino “dónde”, “con quién” y “para qué”. Porque el caso deja una sensación inquietante: la mezcla de partido, Gobierno, material delicado y una investigación penal que intenta determinar si aquello era periodismo, intermediación… o algo peor.

Qué admitió Hernando: una reunión y un único asunto

Según la versión recogida por Europa Press, Hernando aseguró que solo hubo una reunión y que se centró en la documentación sobre esa supuesta “policía patriótica”, añadiendo que —según lo que se expuso en el encuentro— habría existido un seguimiento a la familia de Sánchez antes de que llegase a la Presidencia. También dijo no recordar si la cita coincidió con los cinco días de “reflexión” del presidente en abril de 2024.

En ese relato, el encuentro no sería una “operación” sino una conversación sobre un material que les ofrecían. Pero la propia existencia de ese material —y su circulación— es lo que ha convertido el episodio en una bomba política.

Ferraz, abril de 2024 y más nombres en la sala

Donde el asunto gana cuerpo es en el “quién estaba allí”. El País detalla que la reunión se celebró en la sede de PSOE, en Ferraz, y que fue convocada desde la Secretaría de Organización. Además de Hernando, habrían asistido Santos Cerdán, Ion Antolín, Juan Francisco Serrano, Díez y Pérez Dolset.

Aquí entra una de las contradicciones que alimentan el escándalo: Hernando habría mantenido que estuvo “unos 20 minutos”, pero —según las fuentes citadas por El País— la reunión duró alrededor de 40. En paralelo, Díez ha sostenido públicamente que el papel de Hernando “no fue accesorio” y que estuvo “bastante más” de esos 20 minutos, aunque se marchó antes del final.

¿Se llevó el material a la Audiencia Nacional? ¿Se descartó? ¿Y quién mandó?

Aquí es donde el caso deja de ser puro titular y se vuelve interesante judicialmente.

El País afirma que Hernando explicó que, tras la reunión, habló con la abogada del PSOE y que esa información se puso a disposición de la Audiencia Nacional, sin éxito, porque habría sido desestimada.

Y THE OBJECTIVE añade más piezas: afirma que Hernando fue convocado el día antes por Organización, que dijo no recordar si fue durante la “reflexión”, y que —según el medio— se le expuso que existía documentación sobre Sánchez y su familia pero que no llegaron a acceder a ella. También publica que, según su información previa, Hernando habría reclamado un “pendrive” “para estudiarlo en Moncloa” (atribución del propio medio).

Esto último, por supuesto, es dinamita política: si un testigo admite una reunión para escuchar una historia sobre “policía patriótica”, pero otros relatan pendrives, audios y traslados de material, la pregunta cae sola: ¿era una reunión “informativa” o un canal de intercambio?

El foco del juez: favores a cambio de información contra UCO y fiscales

Todo lo anterior ocurre dentro de una investigación más amplia. El juez Zamarriego investiga a Díez, Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiñol por presuntamente buscar información comprometida sobre instituciones (Guardia Civil, Fiscalía, jueces) a cambio de favores. El núcleo del caso es si existió una actuación coordinada para “recabar información comprometida o irregular” con el objetivo de “anular o malbaratar” investigaciones relevantes.

Ahí aparecen dos siglas que en Madrid activan todas las alarmas:

Díez, como también recogen las informaciones, ha intentado encuadrar sus conversaciones y reuniones como “labor periodística” para un libro sobre cloacas del Estado. El juez trata de determinar si ese paraguas es real o si solo es una coartada.

Plaza de Castilla: la escena y el mensaje

La jornada, además, tuvo su componente casi cinematográfico. Hernando fue el primero en llegar y Cerdán compareció después, con retrasos por la ausencia médica de una defensa, en los juzgados de Plaza de Castilla.

Mientras la investigación judicial sigue su curso, el caso ya tiene vida propia en el debate público: si la tesis del PSOE es que existió una maquinaria para atacar a Sánchez (“policía patriótica”), la tesis de la causa es si desde el entorno de Díez se intentó operar contra investigadores y fiscales. Y en medio, una reunión reconocida, nombres con peso orgánico y la pregunta que incomoda a todos: ¿quién llamó a quién… y con qué intención real?