Con los símbolos o sanción: penalizaciones a cargos públicos que no respeten la bandera de España

El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles la toma en consideración de una proposición de ley del Partido Popular destinada a reforzar la defensa y protección de los símbolos oficiales del Estado, entre ellos la bandera y el himno de España, así como los emblemas de las comunidades autónomas, entidades locales y la Casa Real. La iniciativa inicia ahora su tramitación parlamentaria y será remitida al Congreso de los Diputados.

El texto, impulsado por el Grupo Popular ha salido adelante gracias a la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta, con el respaldo de Vox y el rechazo del resto de grupos parlamentarios. La proposición de ley establece un marco administrativo sancionador dirigido a altos cargos y autoridades públicas que incumplan las obligaciones de exhibición, respeto y protección de los símbolos oficiales.

Durante el debate, la defensa de la iniciativa corrió a cargo de la senadora del PP Marimar Blanco, quien sostuvo que existe un "vacío normativo" en esta materia, más allá del delito de ultraje regulado en el Código Penal. Según el PP, la ley pretende dotar de mayor claridad jurídica a las obligaciones de las administraciones públicas respecto a los símbolos oficiales en sus espacios y edificios.

Ámbito de aplicación

La norma define como símbolos oficiales la bandera, el escudo y el himno de España; los de las comunidades autónomas; los de las entidades locales incluidos estandartes y emblemas, así como el escudo y estandarte de la Casa Real y la imagen del Rey. La protección se circunscribe al ámbito administrativo y a los espacios de titularidad pública, permitiendo únicamente la exhibición ocasional de otros símbolos por razones de cortesía institucional durante visitas oficiales.

El régimen sancionador contempla distintos grados de infracción. Las consideradas graves conllevarán la pérdida de la indemnización por cese en el cargo, mientras que las muy graves podrán implicar, además, la prohibición de ser nombrado para un cargo público durante un periodo máximo de cuatro años.

Los grupos de la oposición, entre ellos PSOE, ERC, EH Bildu, Junts, PNV y Más Madrid, han mostrado su rechazo a la iniciativa, calificándola de inconstitucional y alertando de un posible impacto sobre la neutralidad institucional y el pluralismo político. El texto continuará ahora su tramitación parlamentaria en el Congreso, donde se decidirá si prosigue su recorrido legislativo.