Miguel Carcaño no trabaja en su nueva prisión: la estrategia económica que afecta a la familia de Marta

Miguel Carcaño, condenado a 21 años y tres meses de prisión por el asesinato de Marta del Castillo cometido el 24 de enero de 2009, atraviesa una nueva etapa en su recorrido penitenciario marcada por el traslado, sanciones internas y decisiones judiciales que intentan hacer efectiva la responsabilidad civil pendiente con la familia de la víctima.

El pasado mes de septiembre, el recluso fue trasladado desde la cárcel de Herrera de la Mancha (Ciudad Real) al Centro Penitenciario Málaga II en Archidona, una de las prisiones más modernas del sistema español, inaugurada en 2018 y a la que algunos denominan ‘cárcel-palacio’ en función de sus instalaciones: piscina climatizada, gimnasio equipado, pabellón cubierto, peluquería, aulas de estudio y zonas deportivas.

El motivo del cambio de centro fue el hallazgo, por parte de los funcionarios, de varios dispositivos electrónicos prohibidos en su celda: un teléfono móvil, una tableta, un ordenador portátil y un pincho wifi o USB con acceso a internet. Según diversas fuentes, estos aparatos se utilizaban, entre otros fines, para jugar en línea. Instituciones Penitenciarias incoó una investigación interna y trasladó el caso a la autoridad judicial, aunque hasta la fecha no se ha confirmado ninguna implicación de personal penitenciario.

Poco después del traslado, la Audiencia Provincial de Sevilla (Sección Séptima) decretó el embargo de los ingresos de Carcaño para garantizar el pago de la indemnización civil fijada en 2012: 360.000 euros (más intereses y costas), distribuidos en 140.000 euros para cada uno de los padres de Marta (Antonio del Castillo y Eva Casanueva) y 30.000 euros para cada una de sus dos hermanas. Hasta ese momento, el condenado no había abonado ni un euro, alegando carecer de patrimonio.

En Herrera de la Mancha, Carcaño trabajaba de forma continuada en la panadería del centro, percibiendo unos 644 euros mensuales. Una resolución judicial ordenó retener la totalidad de su cuenta de peculio salvo 200 euros al mes para gastos personales, argumentando que el sistema penitenciario ya cubre las necesidades básicas del interno mediante prestaciones en especie.

Tras conocerse la medida, Carcaño decidió dejar de trabajar voluntariamente en Archidona, lo que reduce drásticamente sus ingresos y, por tanto, la cuantía embargable. Según ha podido saber ESDiario el joven está en el Módulo 1 de la prisión malagueña y en la misma no está realizando ningún trabajo remunerado.

Carcaño lleva privado de libertad desde 2009 y, de seguir los plazos habituales, podría solicitar el tercer grado en torno a 2030, al cumplir las tres cuartas partes de la condena (con posible finalización efectiva en mayo de ese año). Además, tiene prohibido residir en la misma localidad que la familia de la víctima durante 30 años tras su excarcelación.

Su trayectoria en prisión ha incluido varios traslados (Morón de la Frontera, Herrera de la Mancha y el actual a Archidona), la denegación de casi una treintena de permisos y rumores persistentes sobre supuestos privilegios, economato improvisado, correspondencia de admiradoras (uso de dispositivos para ocio), la mayoría sin confirmación oficial.

Más de 17 años después del crimen, el caso continúa generando gran atención pública. El cuerpo de Marta del Castillo nunca ha sido localizado pese a las hasta siete versiones contradictorias ofrecidas por Carcaño sobre los hechos y el posible lugar de los restos. La familia, representada por la abogada Inmaculada Torres, ha solicitado información oficial sobre el traslado y el expediente disciplinario, aunque recientemente un juzgado rechazó facilitarles más detalles.

Mientras tanto, la estrategia económica del condenado y su falta de integración laboral en el nuevo centro complican aún más el cobro de la indemnización pendiente, manteniendo abierta una herida que, para los padres y hermanos de Marta, sigue sin cerrarse.