Sánchez se une a "la ultraderecha" para contentar a Junts y aprueba con PP y Vox castigar más la multirreincidencia

El Congreso de los Diputados ha dejado una de esas fotografías incómodas que retratan mejor que mil discursos el momento político: PSOE, PP y Vox votando juntos para endurecer el castigo a la multirreincidencia. Todo ello para sacar adelante una reforma impulsada por Junts, socio clave de Pedro Sánchez en la legislatura. Sí, el mismo Sánchez que alerta a diario contra la “ultraderecha” terminó compartiendo mayoría con ella para contentar a Carles Puigdemont mientras sus socios habituales, incluido Sumar dentro de su Gobierno, reprochaban y votaban en contra.

La reforma penal, apoyada por PP, PSOE, Vox, Junts, PNV y UPN, aumenta el castigo a la reiteración de hurtos y estafas, una de las exigencias del partido de Puigdemont para desbloquear otras leyes pendientes. Junts defendió que la norma “nace del territorio, no de los despachos” y que llega tarde tras años de “bloqueos y dilaciones”. Su diputada Marta Madrenas aseguró que con esta reforma “se ataca la impunidad” y que es una regulación “eficaz, equilibrada y útil” para jueces, fiscales y policías.En otras palabras: una ley reclamada desde Cataluña ante la percepción de que el pequeño delito reiterado salía prácticamente gratis y que la izquierda califica de “racista” o “ultra” pero que Pedro Sánchez se ha comido con patatas para cumplir las exigencias de Junts.

La votación dejó al descubierto una grieta profunda dentro del Gobierno. Sumar rechazó enérgicamente la reforma, alineándose con Bildu, Podemos, BNG y Compromís. Para el socio de Sánchez, el endurecimiento penal supone un giro punitivista incompatible con la agenda progresista que defienden. ERC optó por la abstención, tras pactar un aumento de la plantilla de jueces en Cataluña. La escena es elocuente: el PSOE votando con la “ultraderecha” para aprobar una ley penal más dura mientras sus socios naturales le acusan de ceder al discurso racista.

Desde el PP, Cuca Gamarra celebró que “reincidir en España ya no sale gratis” y defendió que “el delito no puede ser rentable”. Incluso lanzó un mensaje directo sobre inmigración y delincuencia, una línea que el PSOE rechaza oficialmente. El socialista Francisco Aranda respondió calificando de “muy peligroso” equiparar inmigración con delincuencia y defendió que el Gobierno actúa “desde la óptica de un Gobierno de izquierdas” y “sin fiarlo todo al punitivismo”. Sin embargo, el voto socialista terminó avalando una reforma que la izquierda considera precisamente eso: punitivismo.

Vox, por su parte, la apoyó aunque la consideró “necesaria, pero no suficiente”. “España no puede ser el paraíso del delincuente habitual”, afirmó su diputado Juan José Aizcorbe. El PNV también defendió la norma, argumentando que la legislación vigente resultaba “ineficaz” y generaba la percepción de que “por una puerta entran y por otra salen”. La conclusión política es clara: Pedro Sánchez vuelve a demostrar que su prioridad es sostener la mayoría parlamentaria, aunque para ello tenga que compartir votación con aquellos a quienes señala en cada mitin como amenaza democrática y “ultraderecha”.