Guardias civiles exigen recuperar derechos laborales que la nueva norma arrebata
Vocales del Consejo de la Guardia Civil alertan del agravio comparativo del Real Decreto 67/2026: la eliminación de los días de indisposición les convierte en funcionarios de segunda y amenaza su salud laboral y operatividad. Exigen al ministro del Interior un Pleno Extraordinario y soluciones inmediatas.
Guardias civiles
La publicación en el Boletín Oficial del Estado del Real Decreto 67/2026, que regula la gestión de la incapacidad temporal en la Guardia Civil, ha encendido todas las alarmas en el seno del Cuerpo. Lejos de modernizar una institución clave para la seguridad ciudadana, la norma consolida un agravio comparativo inaceptable con respecto al resto de la Administración Pública y penaliza de manera directa a quienes velan por la seguridad de todos.
Todos los vocales de las asociaciones profesionales que conforman el Consejo de la Guardia Civil han presentado un frente común: han registrado una solicitud formal al ministro del Interior para la convocatoria urgente de un Pleno Extraordinario que revierta los efectos discriminatorios de la norma antes de su entrada en vigor el próximo 26 de febrero.
El punto más conflictivo es la eliminación de los cuatro días de indisposición que el resto de funcionarios puede disfrutar sin pérdida salarial. Aunque el texto del decreto menciona que estos días “se podrán tener en cuenta”, la falta de modificación de la Orden General de Incentivos al Rendimiento implica que cualquier indisposición derivará en una merma económica desde el primer día. Las promesas administrativas de medidas compensatorias no se han cumplido, lo que profundiza el agravio y vulnera derechos laborales básicos.
El decreto también crea un problema práctico y sanitario: más de 25 Comandancias carecen de médico, lo que deja a muchos agentes sin posibilidad real de gestionar bajas médicas en condiciones. La ausencia de recursos ante la exigencia de un sistema burocrático rígido genera incertidumbre, riesgo para la salud de los guardias y un perjuicio directo en la operatividad de las unidades.
Ante esta situación, las asociaciones profesionales han dicho “basta”. En el orden del día propuesto para el Pleno Extraordinario exigen transparencia sobre el despliegue del servicio médico y garantías económicas reales para que los días de indisposición no supongan pérdida de retribución.
Porque, subrayan, cuidar a quien cuida no es solo una necesidad operativa, sino también un principio básico de justicia laboral. La seguridad del ciudadano comienza por la seguridad de quienes la garantizan.