La Policía alerta: se regularizarán 1,2 millones de inmigrantes y el PP estalla
Los populares denuncian la improvisación normativa, advierten del posible fraude documental y cargan contra el coste para autonomías y ayuntamientos tras un plan que el Gobierno estimaba en 500.000 regularizaciones
Varios servicios de emergencia atienden a migrantes en Lanzarote.
El debate sobre la regularización de inmigrantes anunciada por el Gobierno ha dado un salto político este sábado después de que el Partido Popular pusiera en duda las cifras oficiales del Ejecutivo. La medida, defendida por el gabinete de Pedro Sánchez para unas 500.000 personas, podría alcanzar “1,2 millones” según la estimación atribuida a la propia Policía Nacional.
Así lo aseguró la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, quien subrayó que “organismos independientes hablan de 900.000 personas y la propia Policía Nacional lo ha elevado a 1,2 millones”, motivo por el que acusó al Gobierno de estar “legislando a ciegas”.
La dirigente popular calificó la iniciativa como “la mayor operación de regularización masiva de toda Europa”, al considerar que permitiría conceder residencia “prácticamente automática a cientos de miles de personas en situación irregular”.
El polémico procedimiento
El punto más polémico, según el PP, es el procedimiento. “Basta con acreditar que has pedido protección internacional o que llevas cinco meses en España y presentar una solicitud”, explicó Ezcurra, lo que a su juicio abre “todo un nicho para el fraude documental”.
Pero la crítica no se queda en las cifras. La dirigente popular advierte de que con la simple presentación del trámite “se suspenden los procedimientos sancionadores y las expulsiones”. Es decir, “quien está en un proceso de retorno queda blindado automáticamente, sin resolución, sin verificación completa y ni siquiera se exige un certificado de antecedentes penales porque el Gobierno lo ha sustituido por una declaración responsable”.
Además, el PP sostiene que el sistema carece de requisitos básicos: “no se consultan las bases de datos policiales, no se exige un contrato de trabajo, ni formación, ni aprendizaje del idioma, nada”.
Otra de las claves del choque político es el impacto económico. El Ejecutivo sostiene que la medida no tendrá coste presupuestario, pero Ezcurra lo cuestiona: “¿En serio?”. A su juicio, “desde el mismo día siguiente miles de personas van a empadronarse, escolarizar a sus hijos, acudir a centros de salud, inscribirse en servicios de empleo y solicitar prestaciones sociales”.
Y ahí sitúa la factura: “Todos estos servicios los pagan las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que no han sido consultados y no tienen un solo euro previsto para absorberlo”.
Para el PP, la iniciativa no responde al modelo migratorio comprometido con Europa. España necesita, sostiene, “un sistema legal y ordenado: inmigración al empleo, no un atajo reglamentario que convierte la irregularidad en puerta de entrada automática a la residencia”. “Es una irresponsabilidad que España no se puede permitir”, concluye.