Movimiento táctico
Sánchez activa el comodín del 23-F para capear la tormenta política de la semana
El presidente anuncia la desclasificación de los papeles del golpe de 1981 en plena presión parlamentaria y desgaste del Ejecutivo
El teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero, accede al Congreso de los Diputados durante la segunda votación de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del Gobierno.
Coincidiendo con el 45º aniversario del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará mañana la desclasificación de los documentos oficiales relacionados con aquel episodio. La medida se publicará el miércoles 25 en el BOE y permitirá el acceso público a archivos hasta ahora considerados “alto secreto”
Archivos bajo llave
En un mensaje difundido en su cuenta de la red social X, Pedro Sánchez aseguró que “la memoria no puede estar bajo llave” y defendió la decisión como una forma de “saldar una deuda histórica con la ciudadanía”. El anuncio llega justo cuando se cumplen 45 años del asalto al Congreso protagonizado por el teniente coronel Antonio Tejero, en el episodio conocido como el 23-F.
Entre los documentos que se desclasificarán figura el sumario completo del juicio custodiado en el Tribunal Supremo, compuesto por 89 legajos que incluyen grabaciones originales y declaraciones de los implicados. También saldrán a la luz los archivos del antiguo CESID —antecesor del actual Centro Nacional de Inteligencia—, con transcripciones de escuchas y documentos internos clasificados en su día como “alto secreto”.
Asimismo, se abrirán comunicaciones entre Casa Real y Moncloa, así como informes internos de movilización militar emitidos por distintas regiones castrenses durante aquella jornada que puso en jaque la joven democracia española.
Una desclasificación con calendario político
Desde Moncloa aseguran que la medida responde al nuevo proyecto de Ley de Información Clasificada aprobado en 2025 y actualmente en tramitación en el Congreso, que establece la desclasificación automática de los documentos considerados “alto secreto” a los 45 años.
No obstante, la coincidencia del anuncio con un momento de especial fragilidad parlamentaria para el Ejecutivo ha provocado críticas en la oposición, que interpretan el movimiento como una estrategia para desplazar el foco mediático y ganar oxígeno político.