Los jueces elevan el tono ante Bruselas y alertan del “deterioro” del Estado de derecho en España

La justicia española ha llevado este martes a Bruselas un mensaje de máxima preocupación. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial, ha trasladado a la Comisión Europea su inquietud por el “deterioro” de las garantías del Estado de derecho en España, en el marco de la reunión preparatoria del Informe sobre el Estado de Derecho 2026.

La APM, en una nota remitida tras el encuentro, ha advertido de que siguen sin abordarse los problemas estructurales que afectan a la independencia judicial, a los contrapesos institucionales y a la dotación de medios de la Administración de Justicia. Un diagnóstico severo que llega en un momento de fuerte tensión institucional y de debate abierto sobre las reformas del sistema judicial.

El CGPJ, otra vez en el foco de Bruselas

Uno de los puntos centrales de la queja de la APM ha sido el incumplimiento de la recomendación europea sobre el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La asociación recuerda que, aunque el órgano ha sido renovado, no se ha tocado el modelo de designación parlamentaria de sus miembros.

La asociación también ha puesto el foco en las reformas anunciadas para el acceso a las carreras judicial y fiscal, al considerar que su diseño podría desplazar el control de los procesos de selección hacia el poder ejecutivo, una línea roja para buena parte de la judicatura.

A ello se suma la crítica a la Ley Orgánica 1/2025 y a la implantación de los Tribunales de Instancia, donde la APM denuncia “serias disfunciones organizativas” por una reorganización que, a su juicio, no ha ido acompañada de inversión suficiente en jueces, personal, infraestructuras y tecnología.

La asociación, además, ha señalado su inquietud por las declaraciones políticas que cuestionan a jueces y tribunales, por la falta de avances en la autonomía del Ministerio Fiscal y por la necesidad de mantener una delimitación clara entre la jurisdicción constitucional y la ordinaria.

AJFV ve “riesgo de injerencia política”

En la misma línea, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha llevado a la UE su “preocupación” por la falta de avances reales en la adaptación del sistema de elección de los vocales judiciales del CGPJ a los estándares europeos.

AJFV sostiene que no existe una propuesta consensuada remitida al Parlamento que cumpla el mandato legal ni, añade, las iniciativas planteadas garantizan una elección alineada con las exigencias de independencia institucional.

Sobre el acceso a la carrera judicial y fiscal, la asociación defiende el modelo clásico basado en mérito, igualdad y capacidad, al entender que es el que históricamente ha protegido la transparencia y la independencia frente a la discrecionalidad política. En ese contexto, valora positivamente la convocatoria de 500 plazas para juez anunciada por el ministro Félix Bolaños, pero expresa dudas sobre posibles “procesos extraordinarios de estabilización”.

AJFV también insiste en que la Justicia arrastra problemas de fondo —sobrecarga de trabajo, falta de medios y reparto desigual de recursos— que no se solucionan solo con cambios organizativos. Y lanza un aviso especialmente duro: denuncia el “riesgo de injerencia política” derivado de varias iniciativas legislativas, entre ellas la nueva organización judicial, la posible reforma de la financiación de asociaciones judiciales, la limitación de la acción popular o el traspaso de la instrucción penal al Ministerio Fiscal sin blindar antes su autonomía.

Además, la asociación carga contra las declaraciones de miembros del Ejecutivo y del Legislativo que, a su juicio, cuestionan resoluciones judiciales o atribuyen motivaciones políticas a los jueces, algo que puede percibirse como presión sobre los tribunales.

JJpD denuncia una campaña de desprestigio contra el Constitucional

Desde una posición distinta en el mapa asociativo, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) también ha comparecido ante la Comisión Europea, aunque centrando su denuncia en la deslegitimación del Tribunal Constitucional.

La asociación sostiene que existe una “campaña de desprestigio” contra una institución “esencial para el sistema democrático” y subraya que, aunque la crítica a las resoluciones judiciales es legítima, no puede degenerar en la descalificación del tribunal que las dicta.

En relación con el CGPJ, JJpD ha trasladado a Bruselas un informe con dos posibles modelos, aunque apuesta por una fórmula en la que haya elección judicial de candidaturas y posterior designación parlamentaria.

Sobre la reforma del acceso a la carrera judicial, JJpD se muestra favorable a un sistema de doble acceso (turno libre y cuarto turno) y valora positivamente que el proyecto de ley contemple un sistema de becas para facilitar el acceso a las carreras judicial y fiscal.

También comparte con otras asociaciones las críticas por los problemas de implantación de la Ley de Eficiencia, aunque en este caso la valoración de fondo es más favorable: considera que la reforma puede mejorar la especialización y, con ello, la eficacia del sistema.

Eso sí, JJpD también reprocha al CGPJ la falta de instrucciones para desplegar la reforma, al recordar que deberían haberse modificado hasta cinco reglamentos que siguen vigentes con una regulación ya desfasada, lo que está generando disfunciones.

Bruselas toma nota en plena batalla institucional

La coincidencia de diagnósticos —aunque con matices ideológicos— dibuja un escenario incómodo para el Gobierno y para las instituciones implicadas: las principales asociaciones judiciales han llevado a Europa un relato de deterioro, tensiones políticas y reformas incompletas.

Con el nuevo informe europeo en preparación, el pulso entre poder político y poder judicial vuelve así a situarse en el escaparate de Bruselas.