La ¿chapuza? de Pedro Sánchez con los papeles del 23F: se ven los nombres que deberían estar ocultos

Lo que debía ser un ejercicio de transparencia histórica ha terminado convertido en un manual acelerado de chapuza en documentos oficiales. La desclasificación de los papeles del 23F difundidos desde La Moncloa ha quedado empañada por un fallo técnico tan básico que ha desatado ironías, sospechas y críticas a partes iguales. El problema no está en el contenido histórico que forma parte del relato judicial del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, sino en la forma en que se han ‘ocultado’ determinados datos personales como nombres y direcciones. Y, sobre todo, con una gran duda: ¿es así de inútil el Gobierno o lo han hecho adrede para que se puedan buscar los nombres que deberían estar ocultos sin caer en una denuncia por violar datos confidenciales? Viniendo del sanchismo y sus estratagemas, espérate lo peor.

En concreto, los documentos del 23F desclasificados presentan tachaduras consistentes en simples rectángulos blancos superpuestos sobre el texto escaneado. A simple vista parecen cubrir nombres sensibles del golpe de Estado. Pero basta con seleccionar el texto, aplicar OCR o abrir el archivo en un editor de PDF para que lo supuestamente oculto reaparezca sin demasiada dificultad. Es decir, no se ha eliminado el texto original: sólo se ha tapado visualmente con un cuadro blanco que se puede editar y quitar. El resultado es que pueden leerse nombres y direcciones de particulares que debían permanecer protegidos, lo que apunta a un error técnico en el proceso de anonimización… Pero lo importante ¿error intencionado?

Según ha trascendido, los nombres revelados no corresponden a nuevos implicados en el golpe de Estado. Se trata, principalmente, de personas que visitaron a Antonio Tejero en prisión, recogidas en anotaciones del juicio. También miembros de una familia de empresarios que, en 1983, impulsaron un fondo de apoyo económico a condenados por el 23F. Es decir, datos personales de terceros que, conforme a la normativa vigente, debían haber sido correctamente ocultados antes de la publicación.

El fallo ha abierto dos lecturas sobre los papeles del 23F. La primera, la más inmediata: una torpeza técnica impropia de un proceso oficial de esta envergadura. La segunda, más suspicaz: que el defecto sea deliberado. Algunos sostienen que el error podría servir como cortafuegos jurídico. Si los datos personales quedan técnicamente accesibles por un fallo evidente, la responsabilidad podría diluirse bajo la categoría de “error humano” en lugar de revelación consciente de información protegida. En el Gobierno de Pedro Sánchez, donde las tretas y maniobras están a la orden del día, la simple posibilidad de que sea intencionado refleja el clima de desconfianza que rodea a este movimiento político o cortina de humo de la semana del PSOE sanchista. 

Las redes sociales, como era previsible, no han tardado en convertir el asunto de la chapuza de los papeles del 23F en ironía. Desde comentarios que atribuyen el problema a que “es lo que pasa por no tener licencia de Adobe Pro y censurar PDFs con cualquier herramienta gratuita de internet” o “la Charo y el Paco funcionarios desde los 90 que tienen las habilidades tecnológicas de mi madre”. Más allá de la caricatura, el episodio plantea una cuestión seria: en un momento en el que la protección de datos es un principio legal básico, la gestión técnica de la información pública no puede permitirse errores tan elementales… Salvo que el Gobierno de Pedro Sánchez lo ha hecho adrede para vender a los suyos que no deja nada por mostrar del golpe de Estado.