La Audiencia Provincial juzgará finalmente a Cristina Seguí: una fiscal afín a Mónica Oltra le pide 4,5 años de cárcel acusada de revelar datos de una menor acogida

La Audiencia Provincial de Valencia tendrá la última palabra sobre el futuro judicial de Cristina Seguí. El Juzgado de lo Penal número 2 de Valencia ha acordado inhibirse y remitirle la causa abierta contra la exdirigente de Vox por la difusión de datos de una menor acogida por un matrimonio de dos hombres.

Seguí compareció este lunes para ser juzgada por tres presuntos delitos contra la intimidad con la agravante de discriminación por orientación sexual, tal y como sostiene la Fiscalía, que reclama para ella cuatro años y medio de prisión. Sin embargo, la vista quedó suspendida después de que la acusación particular mantuviera la imputación por delito de odio, una calificación que obliga a que el enjuiciamiento corresponda a la Audiencia Provincial.

Fue el propio abogado de la acusada quien planteó al inicio de la sesión la falta de competencia del juzgado para abordar un delito de esa naturaleza. Ante la negativa de la acusación particular a rebajar la calificación a los términos del Ministerio Público, la magistrada acordó suspender el juicio y elevar el procedimiento a la Audiencia, que deberá decidir si asume el caso.

Los hechos se remontan al 4 de noviembre de 2022, cuando Seguí publicó en su cuenta de Twitter (actual X) el siguiente mensaje: "La bebé robada de Castelló fue entregada ilegalmente a una pareja LGTBI amiga de Oltra y secretario LGTBI de @ximopuig que reconoce en un vídeo que la adopción era un experimento del colectivo".

Ese mismo día difundió también un vídeo en el que aparecían datos identificativos tanto de la menor como de sus acogedores, incluidos nombres y apellidos, la profesión y el cargo de uno de ellos y su lugar de residencia. Según el escrito de la Fiscalía, en sus intervenciones realizó comentarios de carácter "despreciativos" hacia la pareja por su orientación sexual.

En concreto, aludía a un supuesto experimento del "lobby" gay, empleando ese término en sentido peyorativo, y manifestaba que le escandalizaba que se entregara en adopción a menores a parejas homosexuales por el hecho de serlo, lo que, a juicio del Ministerio Público, evidenciaría animadversión por razón de orientación sexual.

El vídeo superó las 11.000 visualizaciones y fue replicado por otros medios de comunicación. La Fiscalía sostiene que la difusión afectó gravemente a la vida cotidiana del matrimonio y a su relación con la menor, hasta el punto de que se vieron obligados a cambiar de domicilio y de vehículo.

No es la primera vez que Seguí se enfrenta a una condena. Ya fue sentenciada a 15 meses de prisión por un delito contra la integridad moral tras difundir un vídeo de unas menores agredidas sexualmente en Burjassot, resolución que aún no es firme y está pendiente del pronunciamiento del Tribunal Supremo.

Ahora será la Audiencia Provincial la que determine si asume el enjuiciamiento de un caso que vuelve a situar a la exdirigente de Vox en el centro de la polémica judicial.