La Audiencia Nacional vuelve a asumir la investigación sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra

El juez José Luis Calama ha asumido la investigación sobre el rescate de 53 millones concedido a la aerolínea venezolana durante la pandemia y el presunto blanqueo vinculado a fondos procedentes de Venezuela, en una causa que continuará bajo secreto mientras se analizan las conexiones internacionales del caso.

Zapatero ayer en el SenadoEuropa Press

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El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha decidido hacerse cargo de la investigación relativa al presunto uso irregular de 53 millones de euros que el Gobierno otorgó como ayuda durante la pandemia a la aerolínea Plus Ultra, así como del supuesto blanqueo de capitales públicos y de oro procedente de Venezuela en distintos países.

Según ha comunicado el tribunal, el magistrado ha asumido la competencia mediante un auto en el que también acuerda que el procedimiento continúe bajo secreto. El titular de la Plaza 4 del Tribunal Central de Instancia ha solicitado además al juzgado madrileño que llevaba hasta ahora el caso que le remita todas las diligencias practicadas.

Cabe recordar que Calama instruirá el asunto como responsable de la Plaza 2, después de que su compañero, el juez Ismael Moreno, se apartara del procedimiento en 2024. En ese momento, fue el propio Calama quien rechazó tramitar una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción al considerar que no era el órgano competente, remitiéndola al Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, que investigó el rescate de la aerolínea y finalmente archivó la causa.

La magistrada de Plaza de Castilla, que optó por inhibirse mientras el procedimiento permanece bajo secreto, fue quien el pasado diciembre ordenó la detención del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez; del consejero delegado, Roberto Roselli; y del empresario Julio Martínez Martínez.

De acuerdo con fuentes jurídicas, dicho juzgado estaba investigando los hechos denunciados por Anticorrupción, aunque no se limitaba únicamente a ello. La Fiscalía denunció el "uso indebido" de los 53 millones de euros concedidos a Plus Ultra por decisión del Consejo de Ministros en marzo de 2021, al sostener que el dinero "se habría utilizado para la devolución de préstamos concedidos a esa sociedad por otras de la supuesta trama delictiva".

La querella, dirigida contra siete personas por un presunto delito de blanqueo de capitales, señalaba la posible existencia de una organización criminal asentada en Francia, Suiza y España.

Según recogía un auto de la Audiencia Nacional, la integrarían "personas extranjeras, nacionalizados españoles, y al menos un abogado español", y estaría "dedicada a la realización de actos de blanqueo en los tres países citados".

Fondos de alimentos subsidiados 

Para la Fiscalía, el dinero de origen ilícito procedería de supuestos actos de malversación cometidos por altos funcionarios en Venezuela, por cantidades de "muy alta cuantía", en concreto de "fondos públicos de programas CLAP", promovidos por el Ejecutivo venezolano para distribuir alimentos básicos subvencionados, así como de "ventas de oro del Banco de Venezuela".

"La sociedad Plus Ultra figura como firmante y beneficiaria de unos presuntos contratos de préstamo con tres sociedades de la organización criminal, implicadas en las ventas de oro, y esos contratos dan cobertura, a su vez, a las correspondientes devoluciones por parte de la sociedad española Plus Ultra, en fechas consecutivas a la recepción de la ayuda pública, a cuentas en el extranjero de sociedades que forman parte de la organización criminal", sostenía.

Anticorrupción aludía además a las "conexiones" de la supuesta red con "clientes que se sirven de los servicios de ésta y sobre los que existen investigaciones policiales y judiciales actualmente".

La denuncia también ponía el foco en la actuación de varias personas —en algunos casos mediante sociedades mercantiles— para recibir fondos procedentes del extranjero con la finalidad de adquirir inmuebles, así como en la firma de contratos de préstamo con Plus Ultra que fueron totalmente devueltos.

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Asimismo, se hacía referencia a la venta de oro por valor aproximado de 30 millones de euros a una empresa de Emiratos Árabes por parte de la sociedad que otorgó los préstamos; al envío de dinero por esa misma compañía a otra mercantil en una cuenta ubicada en Panamá; y a que, para las actividades de blanqueo, "se ha podido utilizar la venta de relojes de lujo".