Detenido un ex alto cargo de Teresa Ribera por amañar permisos ambientales en la trama Forestalia

La Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA), integrada en el Seprona de la Guardia Civil, ha detenido este martes en Madrid a Eugenio Domínguez, ex subdirector de Calidad Medioambiental del Ministerio para la Transición Ecológica cuando el departamento estaba en manos de Teresa Ribera. Junto a él han sido arrestadas otras cinco personas como presuntos facilitadores de un posible delito de cohecho.

La investigación se centra en la tramitación de permisos para parques eólicos y plantas solares promovidos por la empresa aragonesa Forestalia. Entre los detenidos se encuentra también el propietario de la compañía, Fernando Samper. Los agentes tratan de determinar si durante el procedimiento se alteraron declaraciones de impacto ambiental con el objetivo de facilitar la concesión de licencias necesarias para sacar adelante los proyectos.

La Guardia Civil ha logrado reconstruir el entramado societario mediante el cual Domínguez habría percibido contraprestaciones procedentes del complejo grupo empresarial de Forestalia. El ex alto cargo, que tras su jubilación fue contratado con nivel 30 por la Secretaría de Estado, habría canalizado presuntamente esos cobros a través de su esposa y de una empresa vinculada a él, siempre según la citada información.

La operación incluye registros en las sedes de Forestalia en Madrid y Zaragoza, así como en una decena de domicilios de directivos de la compañía. Las pesquisas se extienden a una veintena de empresas del sector renovable, entre ellas las relacionadas con el clúster del Maestrazgo, en Teruel, un macroproyecto eólico denunciado ante la Fiscalía de Aragón.

Durante las inspecciones realizadas en algunas zonas donde se ubican estos parques energéticos se han localizado aves electrocutadas y otros elementos que podrían poner en cuestión la viabilidad ambiental de las autorizaciones concedidas.

La concesión de licencias para proyectos renovables en Aragón ya había generado críticas políticas e institucionales por la actuación del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) en la aprobación de declaraciones de impacto ambiental.