La denunciante del exDAO recurre al juez para blindar las pruebas de la presunta agresión sexual por temor a nuevas filtraciones
La mujer que denunció por presunta agresión sexual al exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional ha recurrido la decisión judicial que rechazó blindar completamente las pruebas aportadas a la causa. Su defensa alerta de filtraciones previas, del riesgo para su seguridad —que ya obligó a asignarle escolta policial— y reclama ahora una “confidencialidad garantizada”.
El exDAO de la Policía, José Ángel González, en 2020
La batalla judicial en torno a las pruebas del caso contra el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, suma un nuevo capítulo. La mujer que le denunció por una presunta agresión sexual ha recurrido la decisión del juez que rechazó conceder la “plena reserva” de las pruebas aportadas por su defensa. El abogado de la denunciante, Jorge Piedrafita, ha presentado un escrito en el que solicita ahora que se establezca al menos una “confidencialidad garantizada” sobre ese material.
La defensa sostiene que las pruebas entregadas al juzgado contienen “información de máxima intimidad y datos especialmente sensibles”, ya que incluyen mensajes, audios y listados de llamadas. Precisamente por ese carácter privado, el letrado advierte de que existe un “riesgo concreto y acreditado” de nuevas filtraciones. Según el escrito, ese temor no es teórico. La denunciante ya habría sufrido filtraciones previas de su información personal, una situación que obligó a adoptar medidas extraordinarias para protegerla.
Sin ir más lejos, el abogado recuerda al juzgado la “reprobable situación” en la que quedó la mujer tras la difusión de sus datos personales. La gravedad del escenario fue tal que se decidió implantar escolta policial para garantizar su seguridad. Por ese motivo, Piedrafita pide ahora al juez “una medida procesal de mínima intensidad” que evite nuevas difusiones y proteja un contenido que considera potencialmente sensible.
Qué pruebas ha aportado la denunciante
Entre la documentación entregada al juzgado figuran varios elementos que, según la defensa, respaldan la denuncia. En concreto, se aportó:
- Un listado de llamadas realizadas a la denunciante por el exdirigente policial.
- Capturas de mensajes de WhatsApp mencionados en la querella.
- Grabaciones de audio realizadas por la propia agente y descritas también en la denuncia.
Todo ese material fue remitido al juzgado después de que el tribunal lo solicitara expresamente para continuar con la investigación.
La decisión del juez y críticas de la defensa
El magistrado que instruye la causa —en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid— decidió finalmente dar traslado de las pruebas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal. En una providencia, el juez aseguró que ese envío se realizaría a través de un canal seguro que garantiza la confidencialidad. Sin embargo, rechazó la petición de que el material solo pudiera examinarse en sede judicial bajo supervisión directa, como reclamaba la denunciante.
Para la representación de la mujer, esa decisión judicial no pondera adecuadamente el impacto que puede tener sobre la víctima. En su recurso, el abogado sostiene que la resolución “implica que no se ha ponderado la intensidad del sacrificio impuesto a la víctima frente a la utilidad real” de la medida.
A su juicio, permitir la entrega digital del material a las partes supone “la alternativa menos protectora posible”, ya que —según advierte— la confidencialidad quedaría reducida a una declaración formal mientras el riesgo material de difusión permanece intacto. Por ello, la denunciante insiste ahora en que el juzgado adopte medidas adicionales de protección para evitar que las pruebas más sensibles del caso vuelvan a circular fuera del ámbito judicial.
