El PP aprieta en el Senado la ley de multirreincidencia y cuela más controles a inmigrantes para regularizarse

Madrid vive este martes otro capítulo de alto voltaje político en materia de seguridad e inmigración. El Senado, donde el PP hace valer su mayoría absoluta, ha dado luz verde en la Comisión de Justicia al dictamen de la ley contra la multirreincidencia incorporando un paquete de enmiendas que endurece de forma notable los controles sobre los inmigrantes que aspiren a regularizar su situación en España.

La iniciativa, que partió de Junts y que ya salió adelante en el Congreso con el apoyo de PSOE, PP, Vox y PNV, da ahora un giro más severo en la Cámara Alta. El movimiento de los populares no es menor: aprovechan una norma centrada en combatir la reincidencia delictiva para tocar también la legislación de extranjería y reforzar los requisitos de acceso a permisos de estancia y residencia.

El punto más sensible de las enmiendas del PP pasa por blindar la concesión de autorizaciones de residencia a que el solicitante no tenga antecedentes penales. Además, los populares reclaman que la tramitación de permisos incluya un informe policial completo, con el argumento de garantizar una evaluación global del riesgo para el orden público, la seguridad y la salud pública.

Con ello, el PP intenta imprimir su sello a una ley que ya de por sí eleva el castigo contra determinadas conductas delictivas. El texto contempla penas de hasta tres años de cárcel por el robo de teléfonos móviles, incorpora como delito el llamado petaqueo —el abastecimiento de combustible a narcolanchas en alta mar— y refuerza la respuesta penal frente a los robos de material y herramientas en el campo.

Pero los populares no se han quedado ahí. También han añadido una enmienda para obligar a ampliar, en un plazo máximo de dos años, las plantillas del Ministerio Fiscal con al menos un fiscal más por cada cien mil habitantes en fiscalías de área, provinciales y autonómicas. Una medida con la que pretenden vender músculo institucional frente al aumento de la delincuencia habitual.

El PSOE, sin embargo, ha encendido todas las alarmas. El senador socialista Dionís Oña ha cargado con dureza contra la maniobra del PP, al considerar que las nuevas enmiendas insisten en “criminalizar al inmigrante por el solo hecho de serlo”. Desde las filas socialistas ven una peligrosa deriva en un texto que mezcla seguridad ciudadana, inmigración y endurecimiento penal.

Oña fue especialmente duro al denunciar que algunas propuestas ahondan en la idea de expulsar a extranjeros sin respetar, a su juicio, garantías básicas como el principio de inocencia o la necesidad de una sentencia firme. Pese al revés sufrido en el Senado, el PSOE ya avisa de que intentará corregir el rumbo cuando la ley regrese al Congreso de los Diputados. “Lo que estamos deshaciendo hoy aquí, lo mejoraremos en el Congreso”, dejó dicho.