El PP de Madrid se mofa de Mónica García por pagar más de 63.000€ a Quirón

La política española ofrece a menudo escenas de una incoherencia difícil de disimular, pero pocas tan gráficas como la que ahora protagoniza Mónica García. La ministra de Sanidad y su partido (Más Madrid) han criticado desde el primer minuto al grupo Quirón y su participación en la sanidad pública, y al final ha terminado adjudicando a Quirón Salud un contrato para prestar servicios médicos a los funcionarios de su propio Ministerio.

Según la información de Ana Borges en OKdiario, la adjudicación, por importe de 63.252 euros y cerrada el pasado 6 de marzo, ha desatado un inmediato choque político en Madrid. Y esta vez con recochineo incluido. El PP de la Comunidad de Madrid no ha dejado pasar la oportunidad y ha optado por ridiculizar públicamente a la dirigente de Más Madrid con un mensaje en redes especialmente hiriente: “Mónica García contrata con Quirón los análisis de sus funcionarios mientras ataca a la presidenta Isabel Díaz Ayuso por lo mismo. La noticia y la hipocresía se comenta sola”.

El tuit con el que el PP se ríe de la ministra

Lejos de limitarse a una crítica institucional, el PP de Madrid ha querido explotar el episodio en clave de mofa política. El mensaje difundido desde la cuenta oficial de los populares madrileños no deja espacio para la sutileza: presenta a Mónica García como víctima de su propia hemeroteca y convierte su contrato con Quirón en una pieza de artillería contra su discurso de los últimos años.

En el entorno de Ayuso consideran que el caso resume por sí solo una contradicción de manual. La misma dirigente que ha señalado una y otra vez a la presidenta madrileña por contratar con grupos privados recurre ahora a uno de esos gigantes sanitarios cuando le toca gestionar desde el Ministerio.

Del ataque feroz al contrato firmado

Durante años, Mónica García ha convertido a Quirón en un símbolo de todo lo que denunciaba en la gestión sanitaria del PP madrileño. Ha acusado al entorno de Ayuso de favorecer intereses privados, de “parasitar” la sanidad pública y de abrir la puerta al “lucro económico” con un servicio esencial.

Por eso, la fotografía política que deja ahora este contrato es tan devastadora para la ministra. Porque no hablamos de una empresa cualquiera, sino del mismo grupo al que ha señalado de forma constante como emblema de un modelo que decía combatir. Y es ahí donde el relato se le derrumba.

Entre las prestaciones incluidas en el contrato figuran reconocimientos médicos programados y no programados, controles ginecológicos y urológicos, sesiones informativas y actuaciones de vigilancia colectiva de la salud. Es decir, el Ministerio de Sanidad ha recurrido a la privada para un paquete amplio de atención médica a su personal.

La hemeroteca le estalla en la cara

El problema para Mónica García no es solo el contrato, sino todo lo que había dicho antes. Cuando uno convierte una bandera política en dogma, luego no puede permitirse administrarla con excepciones. Y la ministra lleva años presentando como una cesión intolerable lo que ahora, bajo su propia firma, pasa a ser una decisión de gestión.

Ahí es donde el PP de la Comunidad de Madrid ha encontrado un filón. La burla en redes no es casual: responde a la convicción de que la contradicción es tan evidente que apenas necesita explicación. La denuncia, de hecho, viene hecha de fábrica: quien acusaba a otros de entregarse a Quirón termina contratando con Quirón cuando tiene responsabilidad de gobierno.

La noticia, en ese sentido, no solo golpea a la ministra, sino al núcleo mismo del discurso que la izquierda madrileña ha sostenido en materia sanitaria durante años. Porque si recurrir a estos grupos privados era poco menos que una traición a lo público cuando lo hacía el PP, resulta muy difícil defender que deja de serlo cuando lo hace el Ministerio de Sanidad.

No es un caso aislado

La incomodidad para García crece además porque no se trata de un episodio aislado. Ya habían trascendido otros movimientos del Ministerio en la misma dirección, como contratos vinculados a pruebas médicas para empleadas de su departamento a través de empresas privadas. También se han conocido externalizaciones de servicios sanitarios en Ceuta y Melilla, los dos territorios donde el Ministerio tiene gestión directa.

Eso agrava todavía más el desgaste político, porque desmonta cualquier intento de presentar el caso como una excepción puntual. Lo que se perfila, según denuncia la oposición madrileña, es una pauta: condenar públicamente la colaboración con la privada mientras se recurre a ella en cuanto toca gestionar.

Y esa es una de las grietas más difíciles de tapar en política. No por el hecho administrativo en sí, sino por la distancia entre el discurso inflamado y la práctica real.

El coste de abusar del discurso

Mónica García aún puede intentar justificar la adjudicación alegando que se trata de un servicio concreto, limitado o necesario. Pero ese margen de defensa se estrecha cuando el problema no es tanto el contrato como la hipocresía que proyecta. Nadie la obligó a elevar el tono hasta convertir cualquier concierto o colaboración en una supuesta agresión al sistema público. Fue ella quien eligió ese marco. Y ahora es ella quien queda atrapada en él.