La CNMC lo tiene claro: no sabe por qué fue el apagón… pero lo vamos a pagar todos
El organismo plantea cargar en la factura de la luz el coste del apagón de abril de 2025, sin esclarecer qué lo provocó ni exigir responsabilidades por uno de los mayores fallos del sistema eléctrico

Personas en un balcón durante el apagón
Un año después del gran apagón que dejó a oscuras a buena parte de España, la conclusión oficial sigue siendo la misma: nadie sabe exactamente qué pasó. Lo que sí parece claro ahora es quién va a pagarlo: el ciudadano de pie. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha planteado que el coste del cero eléctrico de abril de 2025 se cargue a los consumidores a través de la factura de la luz.
El organismo ha sacado a audiencia pública una propuesta para fijar cómo se repartirán los gastos derivados de la reposición del suministro durante los días 28 y 29 de abril de 2025. La CNMC calcula que el coste total del apagón se sitúa entre 34 y 51 millones de euros, aunque la cantidad pendiente de liquidar rondaría entre 25 y 42 millones.
El ciudadano paga un error del sistema
La solución que propone es sencilla: repartir ese dinero entre todos los usuarios eléctricos durante un máximo de 12 meses. En términos simples, significa que el sobrecoste se irá colando poco a poco en la factura de la luz de hogares y empresas. Según sus propios cálculos, el impacto unitario sería pequeño —unos céntimos por megavatio hora—, pero el fondo del asunto es otro: el ciudadano pagará un error del sistema sin que nadie haya explicado el origen del problema ni asumido responsabilidades.
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El documento explica que, tras la suspensión del mercado eléctrico, Red Eléctrica tuvo que programar manualmente la generación necesaria para restablecer el suministro. Para compensar a las centrales que participaron, la CNMC plantea precios específicos y un sistema de pagos escalonados. Pero lo que no ofrece es una respuesta clara a la pregunta clave: por qué ocurrió el apagón.
La propuesta descarta cargar el coste a los días concretos del incidente para evitar un impacto brusco en pocas horas, y opta por repartirlo a futuro entre toda la demanda. Es decir, se socializa el gasto sin aclarar el fallo. Mientras tanto, el proceso sigue abierto a alegaciones y no será definitivo hasta su publicación en el BOE.
El resultado, en términos prácticos, es fácil de entender: hubo un apagón, no se han depurado responsabilidades políticas ni técnicas y, aun así, el coste acabará saliendo del bolsillo de los ciudadanos. Para muchos, esa es la verdadera factura pendiente del cero eléctrico.