Almeida critica las intenciones de Pedro Sánchez con la 'Ley de nietos'
El alcalde de la Comunidad de Madrid considera que la medida impuesta con la Ley de Memoria Democrática tendría consecuencias demográficas y políticas de gran alcance.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, durante un acto en la Real Casa de Correos. Carlos Luján / Europa Press
José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, se ha pronunciado contra el Gobierno de Pedro Sánchez denunciando la “laxitud” con la que, bajo su punto de vista, se está aplicando la conocida como 'Ley de Nietos' o Ley de Memoria Democrática. Esta norma, permite a hijos y nietos de españoles exiliados o emigrados acceder a la nacionalidad española sin necesidad de residir en el propio país.
En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno celebrada este jueves, Almeida realizó una declaración muy contundente: "Buenos Aires va a ser la tercera ciudad española, y eso es incontestable". El regidor madrileño ha insistido en que el proceso de concesión de la nacionalidad española se está llevando a cabo sin el control necesario, hecho que, a su juicio, tendrá consecuencias de gran alcance.
El alcalde se ha sumado al discurso expresado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien calificó como "tintes profundamente antidemocráticos" las políticas de regularización y nacionalización impulsadas por el Ejecutivo. Ayuso señaló también los posibles efectos electorales, como una alteración en el reparto de escaños en la capital española.
De todas formas, Almeida destacó que este impacto no afectaría al ámbito municipal, ya que los nuevos nacionalizados no tendrían derecho a voto dichas elecciones. Más allá del contexto demográfico, el alcalde ha centrado sus críticas en el presidente del Gobierno, asegurando que no confía en la "pureza de sus intenciones": "Ya he aprendido que Pedro Sánchez no hace las cosas de forma benéfica para el interés general sino que actúa siempre pensando en su interés particular", añadió Almeida.
Este nuevo frente político reaviva el choque entre administraciones y sitúa la política migratoria y de memoria democrática en el foco del debate nacional. Mientras que el Ejecutivo defiende los derechos de los descendientes de españoles, desde distintas comunidades autónomas se advierte de posibles efectos políticos.