El PP reclama endurecer la residencia para extranjeros con antecedentes penales
Cuca Gamarra advierte de los riesgos de regularizaciones sin control y exige garantías jurídicas para evitar que delincuentes accedan a permisos de residencia, aunque teme maniobras parlamentarias del PSOE para frenar la reforma
La vicesecretaria de Regeneración del Partido Popular, Cuca Gamarra
El Partido Popular ha reforzado su discurso sobre control migratorio al reclamar un endurecimiento de los requisitos para conceder permisos de residencia a extranjeros con antecedentes penales. La vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, ha defendido que los procesos de regularización deben incluir mayores garantías jurídicas para evitar que delincuentes puedan beneficiarse de estas medidas.
La propuesta forma parte de las modificaciones introducidas por el PP en la reforma de la Ley de Multirreincidencia aprobada en el Senado, que obliga a presentar certificados oficiales que acrediten la ausencia de antecedentes penales, sin que puedan sustituirse por declaraciones responsables. Según Gamarra, esta medida pretende evitar que la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez pueda convertirse en un “coladero” que permita acceder a la residencia a personas con causas judiciales abiertas o historial delictivo.
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Desde la dirección popular subrayan que la iniciativa no busca cuestionar la inmigración legal, sino reforzar los mecanismos de control en situaciones de regularización masiva. “Nada de declaraciones responsables ni residencia con antecedentes penales”, ha insistido Gamarra, que considera imprescindible introducir criterios más estrictos para garantizar la seguridad jurídica.
Mayor protección al ciudadano
El PP sostiene que el endurecimiento de requisitos responde a la necesidad de ofrecer mayor protección a los ciudadanos y a las propias instituciones, en un contexto de debate creciente sobre el alcance de las políticas migratorias. La norma deberá ser ratificada en el Congreso en los próximos días, donde los populares temen que el PSOE pueda intentar frenar su aplicación mediante maniobras parlamentarias.
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La reforma también incorpora medidas dirigidas a reforzar la respuesta penal frente a la multirreincidencia delictiva y determinadas actividades vinculadas al crimen organizado, como el denominado petaqueo, relacionado con el narcotráfico. El Partido Popular defiende que se trata de herramientas necesarias para mejorar la eficacia del sistema judicial y responder a una demanda reiterada de jueces y fuerzas de seguridad.
“El que viene a trabajar es bienvenido, pero el que viene a delinquir no”, resumen desde la dirección popular, que sitúa el control de la inmigración irregular como uno de los ejes centrales del debate político actual.