Sánchez suma más muertos a su gestión: el Gobierno, único culpable del accidente mortal de Santander

La tragedia de El Bocal, en Santander, donde murieron seis jóvenes tras el colapso de una pasarela, empieza a tener un responsable claro en sede judicial. Y no es una interpretación política: es la propia jueza la que señala directamente a la Administración del Estado. En concreto, a la Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, es decir, del Gobierno de Pedro Sánchez. La resolución judicial no deja lugar a demasiadas dudas. La magistrada considera que este organismo era “el único responsable” de garantizar el mantenimiento y conservación de la estructura que acabó colapsando. Una afirmación de enorme peso, porque sitúa el foco no en un fallo puntual, sino en una responsabilidad directa del Ejecutivo.

El auto de la jueza añade un elemento aún más grave: Costas sabía que había problemas. En 2024 ya se realizaron obras tras un informe que alertaba del mal estado de ciertas maderas. Sin embargo, según la magistrada de Santander, esas actuaciones podrían haber sido insuficientes, abriendo la puerta a un escenario de negligencia. Es decir: había avisos, hubo intervención… pero no bastó.

La jueza que investiga el accidente de Santander es muy clara en su exposición, "ha podido resultar insuficiente concurriendo, por ello, serios indicios de negligencia" y se pregunta si la actuación sobre la estructura de madera "fue suficiente". Una exposición que pone en un brete al Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de Pedro Sánchez.

Las consecuencias ya han empezado a materializarse. La jueza de Santander ha decidido dirigir acción penal contra dos responsables técnicos: El jefe de servicio de proyectos y obras y el director de obras del proyecto. Ambos, vinculados directamente a la gestión de esa infraestructura. Mientras tanto, la Dirección General de la Costa y el Mar del Gobierno de Sánchez ha optado por personarse en la causa, un movimiento que evidencia la gravedad del caso y la necesidad de controlar el acceso a la información.