Giro en el 'caso El Bocal': la operadora del 112 que recibió el aviso de la pasarela, imputada

La magistrada encargada del caso por la catástrofe en la pasarela de El Bocal ha dado un giro a la instrucción este jueves al declarar como investigada a la gestora del servicio de emergencias 112 que atendió la llamada de alerta de un vecino sobre el mal estado de la estructura un día antes de la tragedia. 

Ha sido tras la declaración de la trabajadora, con una duración de unos 45 minutos, cuando ha cambiado su situación jurídica. Según fuentes judiciales, esta decisión busca "garantizar su derecho de defensa", permitiéndole acudir asistida por un letrado ante la posibilidad de que su gestión del aviso sea clave para determinar responsabilidades penales.

¿Fallo en el protocolo de emergencias?

La empleada del 112 que, según su defensa se encuentra "fatal" ante la situación, se suma a la lista de investigados entre los que se encuentran dos funcionarios de la Demarcación de Costas y la Policía Local a la que ella pasó el aviso. 

Por su parte, el abogado del agente de Policía Local que también se investiga, Jesús Nieto, ha señalado directamente al servicio de emergencias. En sus declaraciones a la Cadena Ser ha asegurado que "el error de partida es del 112" por no saber gestionar la emergencia. Asegurando que, su cliente si acto según dictamina el protocolo del Servicio Cántabro de Emergencias para fallos en estructuras pero que, sin embargo, el servicio de emergencias debería haber movilizado a los bomberos.

Dentro de esta jornada de declaraciones también han participado testigos presenciales y colectivos vecinales. Marisa Maliaño, representante de la Asamblea en Defensa de la Senda y Costa Norte, ha sido la única que ha atendido a los periodistas tras salir del juzgado. Según ha detallado, en sus declaraciones le ha asegurado a la jueza que la peligrosidad de la pasarela se conocía "desde el minuto uno".

Junto a los vecinos, también han testificado los ciclistas que hallaron a las víctimas, el vecino que dio el aviso y los agentes de la Policía Científica que realizaron la inspección ocular tras el suceso, en el que fallecieron seis estudiantes entre 19 y 22.

Responsabilidades compartidas 

Para la magistrada, la Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, es la "única responsable" del mantenimiento. Por este motivo, la acción penal se dirige contra el jefe de servicio de proyectos y obras de dicha entidad y contra su representante en Cantabria, José Antonio Osorio, quien ya ha comparecido en el procedimiento.

Sin embargo, no exime al Ayuntamiento de Santander pues recuerda que, una vez detectada un riesgo, la administración local tiene la obligación de señalizar o precintar la zona, independientemente de quien sea el propietario de la estructura.