Reforma judicial
Bolaños pone fecha a su promesa judicial: 500 plazas en junio… pero aún sin decreto
El Gobierno anuncia la mayor ampliación de jueces de la historia, mientras la carrera judicial exige hechos y no plazos
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en el Congreso de los Diputados.
El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha trasladado a la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) que el Gobierno prevé publicar en junio el decreto para crear 500 nuevas plazas de jueces, una medida que el propio Ejecutivo presenta como la mayor ampliación de la planta judicial en España.
Sin embargo, la iniciativa sigue sin materializarse en el Boletín Oficial del Estado, lo que mantiene la reforma en el terreno de las promesas políticas.
Un anuncio con calendario… pero sin respaldo normativo
Según explicó la portavoz de la AJFV, Marien Ortega, el compromiso del ministro fija por primera vez una fecha concreta para la aprobación del decreto: junio. Según asi tambien anuncian en Confilegal.
La asociación ha valorado positivamente el anuncio, pero ha dejado claro que vigilará su cumplimiento. La prudencia no es casual: a día de hoy, la creación de plazas sigue sin tener respaldo jurídico efectivo, condición imprescindible para que deje de ser un simple anuncio.
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Refuerzo histórico… condicionado a que se cumpla
El plan contempla la incorporación progresiva de unos 500 jueces durante los próximos años, con especial refuerzo en los tribunales de instancia, aunque también alcanzará a audiencias provinciales, tribunales superiores, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.
De ejecutarse en los términos anunciados, supondría un cambio estructural relevante en la Justicia española, tradicionalmente lastrada por la falta de medios y personal.
La clave: un nuevo modelo judicial más barato
El Gobierno basa esta ampliación en la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que sustituye el modelo clásico de juzgado unipersonal por tribunales de instancia con organización colegiada.
Este cambio reduce de forma drástica los costes: mientras un juzgado tradicional rondaba los 500.000 euros, una plaza en el nuevo sistema se sitúa en torno a los 100.000 euros.
Una diferencia que explica la viabilidad económica del plan, pero que también abre interrogantes sobre el impacto real del nuevo modelo en la calidad del servicio.
Desde la AJFV, el mensaje es claro: apoyo al refuerzo, pero sin dar nada por hecho. La asociación insiste en que estará “pendiente” de que el calendario anunciado se cumpla.
El Ejecutivo ya presentó esta medida en enero como un “hito” en la modernización de la Justicia. Ahora, dos meses después, sigue sin decreto aprobado.