La estrategia fallida de Sánchez: que el 'caso Kitchen' tape la montaña de corrupción que le acorrala

El PSOE sale a empatar. O, al menos, lo intenta desesperadamente. "No es pasado. Es presente. Por eso mientras arranca este juicio, el PP sigue intentando hacer lo de siempre: tapar, generar ruido y señalar a otros". Con este argumentario, fuentes socialistas tratan de poner el foco en el juicio del 'caso Kitchen'. Lo hacen, al verse con el agua al cuello por la información de tribunales que deja muy tocado a este Partido Socialista. 

En el ala oeste del Palacio de la Moncloa y, por ende, en la sede nacional de la madrileña calle Ferraz, han puesto toda la maquinaria a funcionar. Dado que Alberto Núñez Feijóo no tiene nada que ver con estos hechos que ahora se juzgan contra los intereses de antiguos dirigentes del Partido Popular, la estrategia es meter al líder de la oposición como sea en el tema. 

Tanto es así, que esas mismas fuentes socialistas levantan la voz a la hora de referirse al presidente 'popular': "Feijóo lleva cuatro años al frente del PP sin condenar ni uno solo de los casos de corrupción de su partido. Sin pedir responsabilidades. Sin dar explicaciones. Su silencio no es neutralidad. Es complicidad. El que calla, otorga". Es la excusa socialista. 

Ante el relato 'sanchista', un calendario demoledor

"La Kitchen es la mayor vergüenza de la democracia española", tienen el cuajo de exponer las fuentes del PSOE, con lo que ya se sabe en torno a este Partido Socialista que lidera Pedro Sánchez. 

Sin embargo, ocho años después, la estrategia de Ferraz de volver a colocar aquel episodio en el centro del debate político choca con una realidad mucho más inmediata y potencialmente devastadora: el cerco judicial que se estrecha sobre el núcleo más próximo al presidente, su partido y su entorno familiar.

El problema para Sánchez no es únicamente de relato. Es de calendario. Mientras el PSOE intenta reactivar la memoria de la corrupción del adversario, las próximas semanas y meses vienen marcadas por una sucesión de procedimientos judiciales que amenazan con monopolizar la agenda política y mediática.

El primero de esos hitos llega ya. El juicio en el Tribunal Supremo contra el exministro José Luis Ábalos -del que Sánchez reniega ahora-, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama -entre otros- por la trama de contratos de mascarillas arranca este martes. La causa contempla 23 sesiones, cerca de 80 testigos y contratos por más de 50 millones de euros, en lo que ya ha dejado de ser únicamente el caso mascarillas para consolidarse en el debate público como el ‘caso PSOE’.

No se trata de una derivada menor. La acusación sostiene que la presunta trama operó mediante comisiones, adjudicaciones irregulares y contraprestaciones políticas. El peso simbólico del procedimiento es enorme porque afecta a quien fue uno de los hombres fuertes del 'sanchismo' y pieza clave de la legislatura: el ministro con más poder durante su etapa en el Ejecutivo, que además compaginaba su influencia con la de la secretaría de Organización del PSOE. Ese es José Luis Ábalos.

Del ‘hermanísimo’ al horizonte judicial de Begoña Gómez

Pero el frente judicial no termina ahí. En paralelo, avanza la causa que afecta a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente, en torno a su puesto en la Diputación de Badajoz, una investigación que ya se conoce como el 'caso hermanísimo'. El mismo que arrancará el próximo 28 de mayo en tierras pacenses. 

No cabe duda que la dimensión política de este procedimiento es especialmente delicada porque desplaza la presión desde el partido hacia el ámbito estrictamente familiar del presidente. Y, en esta misma línea por si fuera poco, el foco se mantiene también sobre la esposa del jefe del Ejecutivo. Sobre Begoña Gómez.

La instrucción que dirige el juez Juan Carlos Peinado continúa avanzando y, según la evolución procesal, el escenario de una apertura de juicio oral con jurado popular en los próximos meses parece realista. El mero hecho de que la esposa del presidente pueda terminar sentándose en el banquillo constituiría un golpe institucional sin precedentes en la etapa democrática reciente. Y si el veredicto saliera de los propios ciudadanos, a través de un jurado popular, se le caería al 'sanchismo' esa insistencia en que son víctimas del llamado 'lawfare'.

¿Financiación ilegal del PSOE?

Si las causas familiares erosionan la imagen presidencial, la investigación sobre una posible financiación ilegal del PSOE es la que podría tener mayor alcance político. La pieza separada abierta en la Audiencia Nacional bajo la dirección del magistrado Ismael Moreno sitúa en el centro la documentación aportada por el empresario Víctor de Aldama.

El denominado sobre de PDVSA -Petróleos de Venezuela S.A.-, ya entregado al juzgado, ha pasado a ser una de las claves del procedimiento. Según diversas informaciones, la documentación podría apuntar a pagos en metálico y a una presunta financiación ilegal vinculada a la Internacional Socialista y al PSOE, donde saldrían salpicados también algunos nombres propios de históricos socialistas, como por ejemplo el del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Aquí la dimensión política cambia de escala. Ya no hablamos de presuntas irregularidades de personas concretas, sino de la eventual afectación a la estructura orgánica del PSOE y a algunos de sus principales dirigentes de la última etapa. Es, probablemente, el frente que más inquieta en Moncloa, junto con los caso del hermano y la esposa del presidente del Gobierno.

El verdadero desfalco millonario: 'caso hidrocarburos'

La derivada del fraude en hidrocarburos añade aún más presión. La investigación judicial apunta a un presunto agujero fiscal de cientos de millones de euros, con conexiones que vuelven a cruzarse con el ecosistema del 'caso Koldo' y con Víctor de Aldama como figura recurrente.

El riesgo político aquí no reside solo en la cuantía económica, sino en la concatenación de nombres, relaciones y piezas procesales que vuelven a orbitar sobre el mismo espacio político. Cada nuevo sumario alimenta la sensación de un cerco judicial en expansión, que podría salpicar a más nombres propios vinculados a este Gobierno y a este PSOE.

La 'fontanera' Leire Díez y las cloacas socialitas

A ello se suma el 'caso Leire Díez', que promete seguir generando titulares. Los audios y diligencias conocidos hasta ahora proyectan la imagen de una presunta estructura de “fontanería política” destinada a desacreditar a investigadores, jueces y mandos policiales vinculados a causas sensibles para el Gobierno.

Es, quizás, la derivada más corrosiva desde el punto de vista reputacional, porque conecta con un terreno especialmente sensible en la memoria política española: el de las cloacas del Estado. Y ahí reside la paradoja mayor para Sánchez.

Intentar resucitar Kitchen como arma contra el PP puede acabar volviéndose en su contra si la opinión pública percibe que, mientras señala las cloacas ajenas, las propias empiezan a ocupar portadas y autos judiciales.

Por tanto, la estrategia del Gobierno parece clara: volver a colocar al PP frente a su pasado para diluir la presión sobre su oscuro presente e inquietante futuro. Mientras 'Kitchen', no cabe duda que fue el pasado del adversario, ahora Ábalos, Aldama, David Sánchez, Begoña Gómez, la financiación irregular, hidrocarburos o Leire Díez son el presente que amenaza a Pedro Sánchez.

Resulta curioso recordar cómo fue Pedro Sánchez quien llegó al poder por la supuesta corrupción del Partido Popular, logrando sacar adelante una moción de censura en la que el propio José Luis Ábalos tuvo un papel protagonista. Así que, por mucho que las fuentes del PSOE se afanen en colocar su argumentario, en estos momentos, es el actual presidente del Gobierno el que corre el riesgo de quedar cercado por su propia corrupción.