El juez suma a CryptoSpain, el empresario que dio 100.000€ a Alvise, un fraude fiscal de 88M presunto
El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama aprecia “indicios racionales y suficientes” de delito tributario en 2023 y 2024, que se añade a la causa por la supuesta estafa piramidal vinculada a Madeira Invest Club.
Álvaro Romillo.
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha incorporado una nueva imputación por un supuesto delito de fraude fiscal de 88 millones de euros contra el empresario Álvaro Romillo, quien entregó 100.000 euros al eurodiputado ‘Alvise’ Pérez.
Esta acusación se suma a las que ya afronta como presunto responsable de la estructura que habría organizado una supuesta estafa piramidal a través de la plataforma de criptomonedas Madeira Invest Club (MIC).
En un auto hecho público este lunes, el magistrado sostiene que existen “indicios racionales y suficientes” de que Romillo “habría llevado a cabo una conducta defraudatoria”.
Señala que los hechos investigados se habrían desarrollado durante los ejercicios fiscales de 2023 y 2024, afectando tanto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) como al Impuesto sobre el Patrimonio, mediante la ocultación de ingresos que reflejarían su auténtica capacidad económica.
El juez precisa que las cantidades presuntamente defraudadas en el IRPF alcanzarían los 30.720.005,18 euros en 2023 y 49.117.091,37 euros en 2024, mientras que en el Impuesto sobre el Patrimonio se estiman en 2.247.336,80 euros en 2023 y 6.068.774,76 euros en 2024.
A criterio del instructor, “concurren los elementos subjetivos del delito, en tanto la conducta descrita revela la existencia de dolo defraudatorio”.
El auto añade que la actuación investigada habría consistido en “la voluntad consciente de ocultar ingresos y eludir el pago de las obligaciones tributarias, sin que los hechos puedan explicarse por un mero error contable, discrepancia interpretativa o negligencia, supuestos que carecen de relevancia penal”.
Asimismo, Calama acuerda mantener las medidas cautelares impuestas a los diez procesados —Romillo y otras nueve personas— al no considerar que existan razones para modificarlas en este momento.
En el caso del empresario, conocido como ‘CryptoSpain’ y en prisión provisional desde noviembre por estos hechos, el juez decide prolongar esta situación con el objetivo de “evitar el riesgo de fuga y de reiteración delictiva”, destacando que “el escaso tiempo transcurrido desde su adopción, apenas un mes, no determina por sí solo cambio alguno”.