El descabellado plan de Sánchez si Begoña Gómez es condenada: Bolaños y Puente allanan el camino
La ofensiva verbal del Ejecutivo contra el juez Peinado tras envíar a juicio a la esposa del presidente anticipa una estrategia política basada en desacreditar resoluciones judiciales, tensionar el equilibrio institucional y construir un relato de persecución que permita cuestionar el normal desarrollo del calendario electoral, abriendo un escenario inédito de confrontación entre poderes del Estado que inquieta por sus posibles consecuencias en la estabilidad del sistema constitucional
Los ministros Félix Bolaños y Óscar Puente
El pasado martes, tras el Consejo de Ministros, se vivió en Moncloa uno de los espectáculos institucionales más lamentables de los últimos años. Félix Bolaños, Óscar Puente y la portavoz Elma Sáiz se turnaron para arremeter, sin cortapisas y con evidente guion previo, contra el auto del juez Juan Carlos Peinado que envía a Begoña Gómez a juicio oral ante jurado popular por cuatro delitos graves: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. No fue un comentario al paso. Fue una operación orquestada para dinamitar la credibilidad del instructor antes siquiera de que empiece el juicio. Y sobre todo, ahí se pusieron los cimientos argumentales de una estrategia peligrosísima que baraja Sánchez en caso de que su esposa sea condenada.
Bolaños, ministro de Justicia, reiteró que la instrucción “ha avergonzado a muchos ciudadanos y a muchos jueces y magistrados” de nuestro país y que “el daño que se ha hecho al buen nombre de la Justicia es un daño que seguramente en muchos aspectos será irreparable”. Calificó la investigación como “muy, muy, muy, muy discutible” y señaló a Peinado como “la excepción” entre la mayoría de los jueces españoles. Añadió que confía en que un tribunal superior “imparcial” revoque las decisiones adoptadas.
Puente, con su habitual incontinencia verbal, fue más allá y soltó la frase que resume la estrategia: “decisiones judiciales que debilitan la democracia”. Preguntó retóricamente si estamos ante causas que “pretenden violentar la acción política de los representantes elegidos democráticamente” y remató que “de la respuesta a esa pregunta depende en buena medida el presente y el futuro de nuestra democracia”. También afirmó que en el auto “queda cuestionada la apariencia de imparcialidad” y acusó al juez de actuar “en función del color político del justiciable”.
Elma Sáiz, con una asombrosa torpeza retórica, defendió la “trayectoria profesional y personal intachable” de Begoña Gómez y al criticar que el auto contiene “párrafos que van más allá de lo jurídico” o que son “inéditos”.
El mensaje es cristalino: el Gobierno defiende la inocencia total y absoluta de la esposa del presidente. Por tanto, cualquier condena solo podrá ser explicada como una injusticia política. Y si es una injusticia política, entonces no es una decisión judicial legítima, sino un ataque al Gobierno democrático, legítimo y progresista.
Este no es un arrebato puntual
Es la fase preparatoria de un plan perfectamente diseñado. Ignacio Varela, uno de los principales asesores y estrategas durante los gobiernos socialistas de Felipe González, denunció en un artículo en El Confidencial el pasado viernes que estamos ante un “desaliño institucional” y un “desacato constitucional” en toda regla. El Ejecutivo, encolumnado tras Begoña Gómez, está construyendo el relato de que la 'fachosfera' judicial —con Peinado al frente— pretende dar un golpe de Estado contra Sánchez, el “valladar contra el fascismo”. Bolaños, Puente, Patxi López y el resto del coro ya tienen el libreto listo: si el jurado popular o la Audiencia condenan a la esposa del presidente, se denunciará formalmente un “golpe de los jueces” contra la democracia.
Y aquí viene lo más grave. El juicio oral a Begoña Gómez tiene todas las papeletas para celebrarse a lo largo de 2027, año de elecciones generales. Los plazos habituales en la Audiencia Provincial de Madrid sitúan la vista oral antes o a las puertas de los comicios. Sánchez, cuando se ve acorralado, se vuelve imprevisible y extremadamente peligroso. Ya lo demostró en legislaturas anteriores. En esa situación límite, nada impide imaginar que cruce la línea roja definitiva: argumentar que no existen “condiciones democráticas” para celebrar comicios con normalidad.
Acusar a los jueces de prevaricación política, deslegitimar por adelantado sus decisiones y preparar el terreno para un choque frontal entre poderes del Estado no es una defensa de la democracia. Es precisamente lo contrario: el paso más peligroso hacia el abismo. Cuando un Gobierno empieza a distinguir entre “jueces buenos” (los que absuelven a los suyos) y “jueces malos” (los que aplican la ley sin mirar el carnet), está dejando de ser un Gobierno democrático para convertirse en un régimen que utiliza las instituciones como arma arrojadiza.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha convertido, por acción y omisión, en un peligro real para nuestro país y para el propio sistema constitucional. Porque quien hoy deslegitima al juez Peinado por instruir con rigor un caso incómodo, mañana deslegitimará cualquier sentencia que no le convenga. Y cuando eso ocurra, ya no estaremos hablando de un simple “desaliño institucional”. Estaremos hablando del fin de la separación de poderes tal y como la conocemos.