La hipocresía del Gobierno: los saharauis, excluidos de la regularización pese a su vínculo histórico
El nuevo decreto de regularización deja fuera a miles de saharauis, reavivando el malestar de un colectivo que denuncia trato desigual frente a sefardíes y descendientes de exiliados, y que sigue reclamando el reconocimiento de unos derechos que consideran históricos.
Bandera pro Sahara
El malestar entre la población saharaui ha vuelto a aflorar tras la aprobación del reciente real decreto de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno. La medida, diseñada para beneficiar a más de 500.000 inmigrantes en situación irregular en España, excluye sin embargo a los apátridas, una categoría en la que se encuadra la mayoría de ciudadanos procedentes del Sáhara Occidental.
Esta exclusión ha sido interpretada por asociaciones prosaharauis y representantes del colectivo como un nuevo episodio de discriminación institucional. Denuncian que, una vez más, se les sitúa al margen de políticas públicas que sí han favorecido a otros grupos con vínculos históricos con España.
El contraste resulta especialmente evidente si se compara con los descendientes de judíos sefardíes o con los hijos y nietos de exiliados españoles. En el primer caso, más de 72.000 personas han obtenido la nacionalidad gracias a la ley aprobada en 2015. En el segundo, más de medio millón de solicitudes han sido ya aceptadas al amparo de la Ley de Memoria Democrática, con cifras que podrían superar ampliamente el millón en los próximos años.
Frente a ello, los saharauis —muchos de ellos nacidos cuando el territorio era considerado la provincia número 53 de España— ven rechazadas de forma sistemática sus solicitudes de nacionalidad. Pese a haber tenido documentación española, haber estudiado en centros del sistema educativo nacional e incluso haber trabajado como funcionarios, los tribunales han negado este derecho basándose en la legislación vigente.
El origen de esta situación se remonta a 1975, cuando España se retiró del Sáhara Occidental en el contexto de la Marcha Verde y los acuerdos tripartitos de Madrid. A partir de ese momento, los habitantes del territorio perdieron su condición jurídica de españoles en un proceso de descolonización que nunca llegó a completarse plenamente y que sigue bajo supervisión internacional.
El Tribunal Supremo fijó doctrina en 2020 al rechazar que los saharauis nacidos durante la administración española puedan acceder a la nacionalidad por nacimiento. Esta decisión cerró la puerta judicial a miles de reclamaciones y trasladó el problema al ámbito político, donde distintas iniciativas legislativas permanecen bloqueadas.
Desde el Ejecutivo se argumenta que los apátridas cuentan con un régimen jurídico específico dentro del ordenamiento español. No obstante, organizaciones saharauis sostienen que esta justificación perpetúa una desigualdad estructural y les impide acceder a derechos fundamentales en igualdad de condiciones.
Además, algunos colectivos apuntan a factores geopolíticos como elemento determinante. En concreto, señalan la influencia de Marruecos en la política exterior española como una de las razones que explicaría la falta de avances en el reconocimiento de sus derechos.
Mientras tanto, miles de saharauis continúan en un limbo legal. Muchos de ellos residen en España desde hace años, con arraigo social y laboral, pero sin una vía clara para regularizar su situación o recuperar una nacionalidad que consideran legítima. La solución, coinciden juristas y asociaciones, solo puede llegar mediante una decisión política que, por el momento, sigue sin materializarse.