La regularización masiva desata el caos: peleas, caos y tensión policial en toda España

La Confederación Española de Policía (CEP) advirtió tras la aprobación en Consejo de Ministros ya está ocurriendo: la regularización extraordinaria de inmigrantes en situación irregular ha comenzado a provocar graves problemas de orden público en distintos puntos de España, con miles de personas concentradas ante embajadas, consulados y ONG, escenas de tensión, enfrentamientos y un importante desgaste para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La falta de planificación del Ejecutivo en un proceso de enorme impacto social está trasladando a la calle las consecuencias de una medida que, según denuncian los sindicatos policiales, se ha puesto en marcha sin los recursos organizativos necesarios. El resultado ya se traduce en colas masivas, altercados, ocupación de la vía pública y un desvío constante de agentes que abandonan sus funciones ordinarias para contener situaciones límite.

Los casos no son aislados, sino resultado de la falta de diseño logístico

Madrid ha sido uno de los principales epicentros de esta presión. En la embajada de Gambia, hasta 300 personas llegaron a concentrarse durante varios días para intentar conseguir la documentación exigida por el procedimiento. La situación derivó en momentos de máxima tensión, con personas intentando saltar la valla del recinto diplomático, intervención de antidisturbios, presencia de unidades de prevención y varias asistencias sanitarias por golpes de calor. La presión fue tal que incluso se dificultó el acceso de los propios trabajadores de la legación.

Pero no se trata de un caso aislado. En Murcia, cerca de 1.000 personas se agolparon frente a una ONG para conseguir certificados de vulnerabilidad, generando discusiones, refuerzos policiales y emergencias médicas. En Elche, unas 500 personas protagonizaron escenas de tensión ante una oficina Pangea, mientras que en Málaga fue necesaria la intervención policial tras altercados por el orden en las colas. En Almería, además, ya se han registrado detenciones por peleas y agresiones a agentes.

Desde la CEP denuncian que este escenario era previsible y que el Gobierno ha activado una regularización de gran magnitud “sin una previsión rigurosa, ordenada y segura”. Los sindicatos alertan especialmente del efecto colateral que ya está generando esta crisis: la retirada de efectivos policiales de labores esenciales como la prevención de delitos o la atención ciudadana para destinarlos a controlar aglomeraciones y disturbios.

La consecuencia, advierten, es una sobrecarga creciente para unas plantillas ya tensionadas, obligadas a asumir un coste operativo extraordinario para evitar que la improvisación administrativa desemboque en problemas aún mayores de seguridad ciudadana.

Para la CEP, lo que sucede no son episodios puntuales, sino la consecuencia directa de una medida adoptada sin el diseño logístico necesario, dejando a la Policía Nacional y a los ciudadanos como principales pagadores de una improvisación que ya está teniendo efectos visibles.