La presidenta del Supremo fulmina a Bolaños por meterse donde no le llaman y los jueces de Tribunales de Instancia lo rematan

La tensión entre el Poder Judicial y el Gobierno ha vuelto a aflorar este viernes con un doble mensaje se interpreta como una crítica directa al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Por un lado, la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha reivindicado la independencia de los jueces frente a cualquier presión externa. Por otro, los presidentes y presidentas de los nuevos Tribunales de Instancia han denunciado abiertamente el caos organizativo y la falta de medios con los que se ha implantado la reforma judicial impulsada por el Ejecutivo, que afirman está guiada por el “interés político”.

Durante la clausura de las XXXIV Jornadas de presidentes de Tribunales de Instancia, Perelló ha defendido el papel de los jueces como garantes del Estado de Derecho y ha lanzado un mensaje especialmente significativo en el actual clima político y judicial, marcado por las críticas a magistrados que investigan causas sensibles para el Gobierno, como la instrucción abierta contra Begoña Gómez y las presiones y críticas desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez al juez Juan Carlos Peinado. Sin ir más lejos, este viernes la última en voz, precisamente, de Bolaños.

“No hay garantía real de los derechos fundamentales sin un Estado de Derecho efectivo; y no hay Estado de Derecho sin jueces independientes”, ha afirmado la presidenta del TS y del CGPJ. Además, ha insistido en que esa independencia “debe ser defendida frente a cualquier forma de injerencia externa, venga de donde venga”.

Perelló también ha recordado las recientes palabras del presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Mattias Guyomar, quien ha advertido de que “cada vez que se ataca a un juez por lo que ha hecho en el ejercicio de sus funciones, es el Estado de Derecho lo que se pone en tela de juicio”. Una reflexión que enlaza con los avisos reiterados de la Comisión Europea sobre el riesgo de deteriorar la confianza pública en la Justicia mediante ataques desde el poder político.

La presidenta del CGPJ ha ido más allá y ha expresado “el absoluto respaldo y apoyo” del órgano de gobierno de los jueces a aquellos miembros de la Carrera Judicial “afectados por actuaciones y presiones que no respetan este marco de lealtad institucional”.

Contundente comunicado de los Tribunales de Instancia, los más cercanos a los ciudadanos

El mensaje ha cobrado todavía más relevancia porque ha sido pronunciado ante los presidentes y presidentas de Tribunales de Instancia, definidos por la propia Perelló como la “cara visible” del Poder Judicial al ser la organización judicial más próxima a los ciudadanos.

Precisamente estos responsables judiciales han difundido unas conclusiones demoledoras sobre la implantación de los nuevos Tribunales de Instancia previstos en la Ley Orgánica 1/2025. Frente al discurso oficial del Ministerio, han sostenido que la reforma se ha desarrollado “sin medios, sin tiempo suficiente y sin escuchar” a quienes deben garantizar los derechos de los ciudadanos.

El comunicado ha cuestionado directamente el relato optimista del Ejecutivo y ha denunciado que “ha primado el interés político sobre la tutela judicial efectiva”. Los presidentes judiciales han asegurado que la desorganización inicial se ha extendido ya “a la generalidad de los Tribunales de Instancia”, con perjuicios para los ciudadanos y un importante sobreesfuerzo de jueces y personal judicial.

Además, han lamentado que las advertencias realizadas tanto a las administraciones como al propio CGPJ no hayan tenido una respuesta eficaz pese a la gravedad de la situación. Las nueve conclusiones del comunicado, resumidas, son las siguientes.

1. Coordinación entre jueces y servicios comunes

Los presidentes han reclamado una coordinación real entre la Presidencia del Tribunal y los servicios comunes. También han subrayado que, en cuestiones jurisdiccionales, los letrados deben seguir las instrucciones de jueces y magistrados.

2. Falta de claridad en las competencias

Han denunciado que ni la ley ni las instrucciones del CGPJ y del Ministerio aclaran bien las competencias de los presidentes de Tribunales de Instancia. Además, han criticado que se exijan responsabilidades a jueces sobre decisiones que no controlan.

3. Conflictos organizativos

Los responsables judiciales han pedido que, cuando existan fallos organizativos en los servicios comunes, las incidencias puedan elevarse a las Salas de Gobierno y al CGPJ para resolver los conflictos.

4. Necesidad de nuevos reglamentos claros

También han reclamado que los futuros reglamentos del CGPJ aclaren los protocolos de coordinación entre presidentes de tribunales y servicios comunes, además de establecer mecanismos ágiles para resolver conflictos.

5. Los jueces mantienen el control de los señalamientos

Han recordado que sigue vigente el artículo 182 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo que corresponde a cada juez fijar criterios y fechas para vistas y señalamientos.

6. Desconexión entre juez y oficina judicial

Los presidentes han alertado de una creciente separación entre los jueces y la oficina judicial. Por ello, han exigido crear la figura del funcionario de apoyo directo al juez.

7. Más peso para la Presidencia del Tribunal

Han defendido que la Presidencia del Tribunal de Instancia debe tener preeminencia organizativa frente a las presidencias de sección, limitadas solo a funciones internas.

8. Representación institucional exclusiva

También han reivindicado que los presidentes de Tribunales de Instancia sean los únicos representantes institucionales del tribunal ante administraciones, ciudadanos y medios de comunicación.

9. Más jueces sí, pero con medios suficientes

Finalmente, han advertido de que no basta con crear nuevas plazas judiciales si no van acompañadas de más personal y recursos materiales. “No queremos ser legendarios”, han concluido, reclamando medios adecuados para ejercer su función.