JUCIL alerta: los acuerdos de Illa con ERC dejan a la Guardia Civil al borde del desmantelamiento en Cataluña

La asociación profesional de la Guardia Civil, JUCIL ha lanzado una dura denuncia contra el Ministerio del Interior y la Generalitat por lo que considera un “desmantelamiento progresivo” de la presencia de la Benemérita en Cataluña. Según la organización, las últimas decisiones operativas y reorganizaciones internas responden a una estrategia política destinada a reducir el peso de la Guardia Civil en la comunidad autónoma.

El principal foco de preocupación se sitúa en la base marítima de L’Estartit, en Girona. JUCIL asegura haber tenido acceso a un plan impulsado desde Madrid para eliminar esta histórica unidad y centralizar los efectivos en Barcelona y la capital española. La medida, presentada oficialmente como una “reorganización operativa”, supondría en la práctica una importante reducción de plantilla.

La asociación sostiene que la reestructuración dejaría a Cataluña con apenas 11 efectivos en este servicio, cuando anteriormente la suma de agentes entre L’Estartit y Barcelona alcanzaba los 16. Para JUCIL, este recorte representa “la pérdida de prácticamente un tercio de la plantilla” y denuncia que la decisión se ha tomado “de forma unilateral y sin consultar a la jefatura de la zona”.

Además, la organización acusa a la Administración de utilizar obstáculos burocráticos para facilitar la salida de agentes. Según denuncian, pequeños retrasos administrativos o problemas técnicos relacionados con documentación interna estarían siendo utilizados para trasladar efectivos a puestos de reserva y acelerar así el cierre definitivo de la base.

El conflicto no se limita al ámbito marítimo. JUCIL también advierte del próximo cierre del Grupo de Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (GEDEX) de Tarragona y recuerda que la unidad del SEPRONA en Puigcerdà permanece inactiva desde hace meses. La asociación critica que no se hayan convocado nuevas vacantes ni medidas de refuerzo, pese a las demandas de instituciones locales y de la propia comarca de la Cerdanya.

En el plano político, JUCIL señala directamente al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, al que acusa de haber pactado con ERC la cesión de competencias de seguridad en puertos y aeropuertos a los Mossos d’Esquadra a cambio de apoyos parlamentarios. La asociación considera que estas decisiones responden más a intereses políticos que a criterios de seguridad o eficiencia operativa.

Desde la organización advierten de que utilizarán “todos los recursos legales y de presión” a su alcance para frenar la reducción de efectivos y exigir la cobertura inmediata de las plazas vacantes en Cataluña. JUCIL sostiene que la pérdida de unidades especializadas supone una merma directa en la capacidad operativa y en la seguridad de los ciudadanos.