Stop grafitis: el Parlamento de Cataluña endurece las sanciones por pintar trenes y vías ferroviarias
La cámara catalana aprueba una reforma que multiplica las sanciones contra las pintadas en convoyes e infraestructuras ferroviarias, con multas que pueden alcanzar los 900.000 euros en los casos más graves
Grafiti un tren
El Parlamento de Cataluña ha decidido endurecer su respuesta contra los grafitis y los actos vandálicos en el transporte ferroviario. La nueva modificación de la ley ferroviaria catalana eleva considerablemente las sanciones económicas para quienes pinten trenes, accedan ilegalmente a vías o provoquen daños en estaciones e infraestructuras públicas.
La medida surge en un contexto de creciente preocupación por el estado de Rodalies y por el aumento de acciones vandálicas registradas durante los últimos años. Según las compañías ferroviarias, las pintadas generan elevados costes de limpieza, obligan a retirar convoyes del servicio y afectan directamente a la puntualidad y al funcionamiento de la red.
Con la reforma aprobada por la cámara catalana, las infracciones leves podrán ser castigadas con multas de hasta 18.000 euros, mientras que las graves llegarán a los 90.000. En las situaciones consideradas muy graves como daños importantes en infraestructuras o afectaciones al tráfico ferroviario las sanciones podrán alcanzar los 900.000 euros.
El Govern defiende que el objetivo es frenar un problema que ya no consideran anecdótico. En los últimos meses se han producido varias operaciones policiales contra grupos especializados en pintar trenes, algunos relacionados con decenas de acciones coordinadas en distintas estaciones y cocheras.
La reforma recibió el apoyo de PSC, Junts, ERC, PP y Vox. En cambio, Comuns y CUP mostraron su rechazo al considerar que el endurecimiento de las multas puede resultar desproporcionado y que el problema debería abordarse también desde la prevención y la educación.
Desde el Ejecutivo catalán insisten en que existe una diferencia clara entre el arte urbano autorizado y los actos vandálicos sobre bienes públicos. La intención, aseguran, es proteger unas infraestructuras consideradas esenciales y reducir los costes millonarios que cada año provocan las pintadas en trenes y estaciones.