Hacienda remata a Zapatero: evasión fiscal que condena al banquillo a sus hijas Alba y Laura
El informe de la Agencia Tributaria sobre la actividad económica de la empresa de las Rodriguez Espinosa no puede ser más demoledor para el ex presidente del Gobierno
Una de las hijas José Luis Rodríguez Zapatero a su salida de What The Fav.
La Agencia Tributaria ya ha puesto negro sobre blanco lo que hasta ahora eran sospechas dispersas en torno a la sociedad de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero. El último informe incorporado a la investigación judicial sobre la trama Plus Ultra eleva de manera considerable la presión sobre Laura y Alba Rodríguez Espinosa y las sitúa, según fuentes jurídicas consultadas en las últimas semanas, a un paso de una eventual imputación formal como cooperadoras necesarias dentro del entramado financiero que investiga la Audiencia Nacional.
La documentación analizada por la Agencia Tributaria, adelantada por Artículo14, describe un patrón continuado de “discrepancias entre lo declarado y lo imputado” en la mercantil Whathefav, la empresa administrada por las hijas del expresidente socialista. El detalle no es menor. Hacienda sostiene que prácticamente en todos los ejercicios revisados —entre 2019 y 2024— aparecen diferencias tanto en ingresos como en gastos, una circunstancia que los expertos fiscales consideran especialmente delicada y de evasión fiscal cuando coincide con operaciones vinculadas a sociedades bajo sospecha de servir como instrumentos de canalización de fondos.
El informe de la AEAT, además, no se limita a una observación contable genérica. Identifica movimientos, pagadores y deducciones que ahora deberán ser contrastados con información bancaria y mercantil adicional. Y es precisamente ahí donde la situación judicial de las hijas de Zapatero entra en una nueva fase. Porque los investigadores consideran que las inconsistencias detectadas podrían apuntar a una simulación de facturación o al inflado artificial de gastos con posible finalidad defraudatoria o incluso de blanqueo de capitales.
El dato políticamente más explosivo es que ya no se trata únicamente del entorno empresarial del expresidente, sino de una conclusión técnica emitida directamente por Hacienda. La AEAT sostiene que existen cantidades declaradas que no coinciden con los importes efectivamente imputados y pone el foco en operaciones cuya lógica económica todavía no ha sido acreditada. Fuentes fiscales consultadas por el propio medio advierten de que declarar importes superiores a los realmente cobrados puede responder a una estrategia de “aparente normalización” de fondos cuyo origen o circulación posterior resulta sospechosa.
La investigación se produce además en un contexto judicial cada vez más asfixiante para el entorno de Zapatero. En los últimos días, el juez José Luis Calama ordenó el bloqueo de cuentas vinculadas al expresidente y a varias sociedades investigadas, incluida Whathefav. La Audiencia Nacional considera que existen indicios suficientes para congelar movimientos económicos mientras avanza la instrucción.
El sumario dibuja una estructura empresarial que, según los investigadores, habría servido para mover fondos procedentes de compañías relacionadas con la trama venezolana del caso Plus Ultra. Entre las sociedades bajo análisis aparece Inteligencia Prospectiva, descrita por el juez como una mercantil “sin actividad real”, que habría transferido más de medio millón de euros a la empresa de las hijas de Zapatero.
La dimensión política del caso aumenta a medida que aparecen nuevos informes policiales y tributarios. Hace apenas una semana, fuentes jurídicas ya apuntaban a la posibilidad de que Laura y Alba Rodríguez Espinosa terminaran siendo llamadas a declarar como investigadas por su papel societario dentro del entramado. Entonces parecía una hipótesis prematura. Hoy, tras el informe de Hacienda, esa posibilidad empieza a adquirir un peso mucho más concreto.
En paralelo, los registros practicados por la UDEF en las oficinas de Whathefav y en dependencias relacionadas con el expresidente revelan la magnitud de la investigación. Los agentes se llevaron documentación durante horas y los investigadores rastrean ahora contratos, transferencias internacionales y conexiones societarias en España, Panamá y Venezuela.
El problema para el entorno de Zapatero ya no es únicamente reputacional. El informe de la Agencia Tributaria introduce un elemento técnico de enorme valor procesal: la sospecha documentada de irregularidades fiscales persistentes. Y en causas de corrupción económica, ese tipo de informes suele marcar el momento exacto en el que una investigación política se transforma definitivamente en un problema penal de primer nivel.