Pedro Sánchez a la desesperada lanza a los suyos a la 'teoría de la conspiración' ante Zapatero, Leire y el hermanísimo

Pedro Sánchez ha activado el manual de resistencia total. Cercado por los escándalos que afectan al entorno socialista por la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, el caso Leire Díez y el inicio del juicio a su hermano, David Sánchez, el presidente del Gobierno parece haber optado por una estrategia cada vez más evidente: convertir cualquier actuación judicial, policial o periodística en una supuesta conspiración contra el Gobierno y el PSOE.

La consigna en Moncloa ya no parece centrarse tanto en desmontar las informaciones sino en desacreditar directamente a quien las investiga o las publica. Y para ello, Sánchez ha lanzado a ministros, portavoces y a su loroparque mediáticos a alimentar la teoría de la conspiración permanente. El encargado más visible de esa ofensiva ha sido Óscar Puente, convertido prácticamente en portavoz oficial de la tesis conspirativa del sanchismo. El ministro llegó a afirmar que existe gente que quiere “derribar al Gobierno con métodos nada democráticos” y que resulta “sorprendente” cómo se acompasan los tiempos judiciales y políticos.

Un mensaje que ya no habla solo de defensa política, sino que insinúa directamente una utilización espuria de jueces, policías y medios de comunicación contra el Gobierno. La reacción llegó además justo después de la entrada de la UCO en Ferraz, del avance de las investigaciones sobre la trama de Leire Díez y de la creciente presión judicial sobre el entorno de Zapatero. Pero el problema para Sánchez es que cada vez resulta más complicado sostener el relato victimista cuando los nombres, informes, registros y autos judiciales empiezan a acumularse.

Mientras desde Moncloa se insiste en que todo forma parte de una operación política de la derecha, las investigaciones siguen avanzando sobre asuntos muy concretos: presunta mafia de fontaneros para amenazar jueces y fiscales, rescates bajo sospecha, tráfico de influencias, mordidas y posibles operaciones de blanqueo. A eso se suma el inicio del juicio del hermanísimo y el próximo de Begoña Gómez, otro de los asuntos que ha golpeado la imagen del Gobierno y que ha contribuido a aumentar la sensación de deterioro político alrededor del sanchismo. La estrategia del Ejecutivo parece clara: si no se puede controlar el escándalo, hay que desacreditar el escenario entero. Así, jueces incómodos, fiscales críticos, periodistas y fuerzas policiales pasan automáticamente a formar parte de una supuesta maquinaria para acabar con el Gobierno progresista.

El problema es que esa narrativa de Pedro Sánchez empieza a generar incluso incomodidad dentro de sectores tradicionalmente cercanos al PSOE. Porque una cosa es denunciar campañas políticas y otra muy distinta sugerir constantemente que cualquier investigación judicial contra dirigentes socialistas forma parte de una operación oscura contra la democracia. Mientras tanto, la sensación de nerviosismo en el entorno de Sánchez crece cada día. La acumulación de casos, las tensiones con socios parlamentarios y el desgaste mediático han provocado que el Gobierno viva instalado en una especie de estado de excepción comunicativa permanente.