La Justicia retira uno de los cargos imputados a David Sánchez al considerar prescrito el delito
El tribunal considera extinguido el plazo para perseguir uno de los cargos, aunque el hermano del presidente seguirá siendo juzgado por el resto de las acusaciones.
David Sánchez en los juzgados de Badajoz
La Audiencia Provincial de Badajoz ha acordado retirar uno de los delitos atribuidos a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al considerar que la infracción penal había prescrito antes de la celebración del juicio. La decisión afecta al delito de aceptación ilegal de nombramiento, uno de los cargos incluidos en la causa por las presuntas irregularidades en su contratación por la Diputación de Badajoz en 2017.
El tribunal adoptó esta medida durante la segunda jornada de la vista oral, en la que también rechazó las peticiones de nulidad planteadas por varias defensas. Los magistrados entendieron que el delito cuestionado había superado el plazo legal para ser perseguido, una tesis que ya había sido respaldada por la Fiscalía durante el arranque del procedimiento judicial.
A pesar de la retirada de este cargo, David Sánchez continuará siendo juzgado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa. En el procedimiento también figuran como acusados el expresidente de la Diputación de Badajoz y exsecretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, además de otros responsables vinculados a la institución provincial.
La investigación gira en torno a la creación y adjudicación de una plaza de alta dirección relacionada con la coordinación de los conservatorios provinciales. Las acusaciones sostienen que el puesto habría sido diseñado específicamente para favorecer la incorporación de David Sánchez, mientras que las defensas niegan cualquier irregularidad y aseguran que el proceso de selección se ajustó a la legalidad.
Durante las cuestiones previas, los abogados de los acusados intentaron anular el procedimiento alegando vulneración de derechos fundamentales, irregularidades en la instrucción y falta de garantías procesales. Sin embargo, la Audiencia rechazó esos argumentos y permitió que el juicio continúe con la práctica de pruebas y la declaración de decenas de testigos citados por las partes.
La posición de la Fiscalía continúa siendo una de las singularidades del caso. Aunque considera prescrita una de las infracciones inicialmente atribuidas a Sánchez, el Ministerio Público tampoco solicita condenas para los principales acusados y mantiene su petición de absolución. Las acusaciones populares, por el contrario, reclaman penas que alcanzan los tres años de prisión por los delitos que siguen siendo objeto de enjuiciamiento.
El juicio continuará durante los próximos días en la Audiencia de Badajoz con nuevas comparecencias y declaraciones antes de que los acusados respondan ante el tribunal.