Manos Limpias pide que el ‘caso Leire Díez’ llegue al Supremo para poder imputar a Sánchez
El sindicato de Miguel Bernad solicita al juez Pedraz que eleve la causa al Alto Tribunal para que el presidente del Gobierno sea investigado por presunta inducción en una supuesta operación destinada a frenar procedimientos judiciales contra su entorno familiar.
La fontanera del PSOE, Leire Díez
El sindicato Manos Limpias ha dado un nuevo paso en el denominado ‘caso Leire Díez’ al pedir al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que eleve las actuaciones al Tribunal Supremo, con el objetivo de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sea llamado a declarar como investigado.
La organización que dirige Miguel Bernad sostiene que existen indicios suficientes para atribuir al jefe del Ejecutivo una presunta inducción a una supuesta estructura de actuación clandestina orientada a frenar investigaciones judiciales que afectan a su entorno familiar, especialmente a su esposa, Begoña Gómez, y a su hermano, David Sánchez.
La petición se produce apenas una semana después de que el propio instructor ordenara registros en distintas empresas y en la sede federal del PSOE, en Ferraz, en el marco de unas diligencias que han situado en el foco a antiguos responsables del partido como Santos Cerdán, además del exdirigente Gaspar Zarrías y la actual gerente de la formación.
En su escrito, al que ha tenido acceso este medio, Manos Limpias afirma que Sánchez «era y es el principal interesado» en que las investigaciones no prosperaran. Bajo esa premisa, el sindicato sostiene que “induce y se sirve de las cloacas para salvar y limpiar los procesos judiciales”, apoyándose en varios mensajes incorporados a la causa, entre ellos uno en el que Leire Díez afirmaba que viajaba a Madrid con “información que ayudará al presidente”, y otro en el que se mencionaba una supuesta orden para “que se limpie todo”.
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La estrategia procesal del sindicato pasa por intentar que el caso sea elevado al Supremo, único órgano competente para investigar a un presidente del Gobierno en ejercicio. Bernad argumenta que ya existirían indicios suficientes para dar ese paso, e incluso denuncia maniobras de presión contra su organización, incluyendo la supuesta intrusión en sus sistemas informáticos.
El núcleo de la investigación se sitúa en una reunión en la sede de Ferraz en abril de 2024, posterior a la apertura del procedimiento judicial que afecta a Begoña Gómez. Según el escrito de acusación, “Los trabajos de Leire Díez se llevaron a cabo bajo la dirección del ex número tres Santos Cerdán y bajo los auspicios, directrices e inducción del presidente del Gobierno”.
Frente a estas acusaciones, fuentes del entorno socialista rechazan cualquier implicación del presidente y subrayan que los mensajes incorporados al sumario no acreditan ninguna orden directa ni participación de Sánchez en los hechos investigados. También recuerdan que la propia instrucción no ha derivado, por el momento, en acusación formal contra el jefe del Ejecutivo.
La Fiscalía mantiene silencio, mientras que tanto el juez Pedraz como la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional deberán valorar si el procedimiento reúne los requisitos necesarios para ser elevado al Tribunal Supremo.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Desde el PSOE, la reacción ha sido de cierre de filas. La dirección federal considera la iniciativa una nueva ofensiva política de organizaciones ultras que utilizan la vía judicial como herramienta de desgaste. En la misma línea, distintos cargos del partido insisten en desvincular al presidente de cualquier responsabilidad y en defender la independencia judicial.
El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha evitado entrar a valorar el fondo del asunto, limitándose a recordar que “los socialistas respetamos la independencia judicial”, al tiempo que ha subrayado el historial de causas archivadas contra Manos Limpias.
En paralelo, el partido trata de blindar su agenda política frente al impacto mediático del caso, en un momento clave para la aprobación de medidas legislativas y la negociación de los próximos Presupuestos.
Aunque desde el ámbito jurídico se apunta a que es poco probable que el caso escale hasta el Tribunal Supremo con los elementos actuales, en el plano político la polémica añade presión al Gobierno y reaviva el debate sobre el uso de la justicia como herramienta de confrontación política.
En Ferraz confían en que la causa no prospere y en que, como en otras ocasiones, los tribunales terminen desestimando las pretensiones del sindicato sin consecuencias para el Ejecutivo.