Pedraz mueve ficha en el caso Leire Díez: la UCO registra Tubos Reunidos y pone el foco en más de 112 millones concedidos por la SEPI
La investigación judicial se centra en el rescate de 112,8 millones concedido por la SEPI a la empresa vasca, que cinco años después acabó en concurso de acreedores.
La fontanera del PSOE, Leire Díez
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha registrado este jueves la sede de Tubos Reunidos en Bilbao y una de sus plantas en Amurrio (Álava) por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. La actuación se enmarca en una pieza de investigación vinculada al denominado caso Leire Díez y ha ido acompañada de un requerimiento de información a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
La investigación pone el foco en el rescate de 112,8 millones de euros que recibió Tubos Reunidos en 2021 a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. La compañía, una histórica empresa vasca dedicada a la fabricación de tubos de acero para sectores como la energía, fue considerada entonces estratégica por las administraciones públicas debido a su peso industrial y al empleo que generaba.
La aprobación de aquella ayuda estuvo precedida por una intensa presión política desde el País Vasco. El PNV defendió públicamente la necesidad de que el Gobierno autorizara el rescate para evitar el deterioro de una empresa considerada clave para la industria vasca y para cientos de puestos de trabajo.
Sin embargo, cinco años después, la situación de la compañía ha dado un vuelco. En 2026, Tubos Reunidos presentó concurso de acreedores, reabriendo el debate sobre la eficacia y el destino final de los fondos públicos destinados a su salvamento.
Además, la deuda de la SEPI se sitúa entre 130 y 150 millones de euros y ahora mismo está en el aire que la SEPI, su principal acreedor, vaya a recibir el dinero del rescate. Es decir, se puede perder todo el dinero público concedido a la empresa.
Los investigadores buscan ahora determinar si la concesión de aquellas ayudas públicas se ajustó plenamente a la legalidad y si existieron posibles irregularidades en el proceso de aprobación. Para ello, la UCO ha solicitado documentación tanto a la compañía como a la SEPI dentro de unas diligencias que continúan bajo secreto judicial.
Sobre Leire Díez
Según lo que ha trascendido de la investigación, la relación entre Leire Díez y Tubos Reunidos es porque los investigadores analizan si una red de influencias en la que supuestamente participaban Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero y el empresario Antxon Alonso intervino o facilitó operaciones relacionadas con ayudas públicas y contratos. Entre esas operaciones figura el rescate de 112,8 millones de euros concedido a Tubos Reunidos por la SEPI en 2021.
Además, uno de los elementos que más interés ha despertado entre los investigadores es que Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI e investigado en la causa, fue contratado posteriormente como asesor de Tubos Reunidos durante varios años después de que la empresa recibiera el rescate público.