El Supremo pone bajo investigación a un senador socialista por el nombramiento de su esposa
La Fiscalía sostiene que la esposa del senador no reunía los requisitos exigidos para ejercer como jueza de Paz al mantener su militancia política durante su mandato.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y el senador del PSOE, Alfonso Carlos Moscoso
Una decisión adoptada en un pequeño municipio de la sierra gaditana ha terminado llegando al Tribunal Supremo. La Sala de lo Penal ha acordado abrir una investigación contra el senador del PSOE y alcalde de Villaluenga del Rosario, Alfonso Carlos Moscoso González, por su presunta implicación en el nombramiento de su esposa como jueza de Paz pese a que esta estaba afiliada al mismo partido político.
La causa tiene su origen en una querella presentada por la Fiscalía, que aprecia indicios de una posible irregularidad en el proceso que permitió a la mujer acceder al cargo. El procedimiento judicial también se dirige contra ella, ya que el tribunal considera que los hechos atribuidos a ambos están directamente relacionados.
El caso se remonta a finales de 2022, cuando el Ayuntamiento abrió el proceso para cubrir la plaza de juez de Paz de la localidad. Ante la falta de candidatos interesados en asumir la responsabilidad, la esposa del alcalde presentó su candidatura para ocupar el puesto.
La propuesta fue respaldada posteriormente por el pleno municipal y remitida al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, organismo que acabó validando el nombramiento. Tras completarse los trámites correspondientes, la nueva jueza de Paz tomó posesión del cargo en julio de 2023.
Sin embargo, la Fiscalía sostiene que existía un obstáculo legal relevante: la mujer mantenía su afiliación al PSOE desde años atrás. Además, durante el tiempo que ejerció como jueza de Paz habría seguido participando en actos públicos relacionados con la formación política, según recoge la querella admitida ahora a trámite por el Supremo. Su renuncia al cargo no llegó hasta mayo de 2025.
La legislación española establece que quienes desempeñan funciones judiciales deben actuar con absoluta independencia y no pueden pertenecer a partidos políticos ni a sindicatos. Esa incompatibilidad alcanza también a los jueces de Paz, una figura encargada de determinadas funciones judiciales en municipios de menor tamaño.
Los magistrados consideran que existen elementos suficientes para investigar si el senador socialista promovió el nombramiento de una persona que no reunía todos los requisitos exigidos por la ley para acceder al cargo. Del mismo modo, también analizarán si la mujer aceptó la designación pese a conocer las limitaciones legales que podían impedir su nombramiento.
Entre la documentación examinada figura una declaración presentada durante la tramitación del expediente en la que la ahora investigada aseguraba no estar afectada por ninguna causa de incompatibilidad para desempeñar las funciones de jueza de Paz.
La instrucción de la causa ha sido encomendada a la magistrada Susana Polo, que será la encargada de dirigir las diligencias y determinar si existieron responsabilidades penales en el proceso de designación.