La UCO lleva la investigación hasta el corazón financiero del PSOE: Pedraz ordena rastrear sus cuentas

La investigación que sacude al entorno socialista vuelve a cruzar otra línea especialmente sensible. Tras el duro golpe que supuso el registro exhaustivo (durante más de 12 horas) de Ferraz por parte de miembros de la UCO, ahora los investigadores consiguen ahondar un poco más en la financiación del PSOE para seguir el rastro del dinero que pudo servir a Leire Díez para llevar a cabo sus operaciones subterráneas para presionar a jueces, policías y otros estamentos con un objetivo claro: limpiar a fondo los escándalos socialistas.

La Guardia Civil ya no pone únicamente el foco sobre personas concretas vinculadas al denominado caso Leire, sino que ha logrado que la Audiencia Nacional abra la puerta al examen de información tributaria y financiera del propio PSOE y del PSC. El juez Santiago Pedraz ha atendido la petición formulada por los investigadores y ha reclamado a la Agencia Tributaria y a diversas entidades bancarias documentación correspondiente a los ejercicios 2024 y 2025. 

Se trata del periodo de tiempo en el que Leire y su equipo de fontaneros habrían estado más activos, coincidiendo, casualmente, con la cascada de asuntos judiciales en torno al PSOE y a su líder y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La decisión supone un nuevo avance en unas pesquisas que continúan ampliándose hacia nuevas líneas de investigación y estrechando el cerco sobre un debilitado PSOE.

La UCO sostiene que necesita profundizar en diversas operaciones económicas relacionadas con esa supuesta trama que habría perseguido desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban a los Begoña Gómez, David Sánchez y compañía. Todo ello liderado por el exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante socialista Leire Díez. La petición de los agentes afecta a cerca de una quincena de personas físicas y jurídicas. Entre ellas figuran el exdirigente socialista Gaspar Zarrías, varias sociedades vinculadas a éste, los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo —investigados en la causa— y distintas mercantiles relacionadas con el procedimiento.

El alcance de la documentación solicitada evidencia la profundidad del rastreo económico que pretende realizar la Guardia Civil. Los agentes reclaman datos sobre cuentas bancarias, movimientos financieros, cobros, rentas, inversiones, patrimonio, relaciones societarias, facturas, donaciones, declaraciones fiscales y bienes en el extranjero, entre otros extremos.

Otra de las líneas de investigación se centra en las relaciones comerciales mantenidas por empresas del Grupo IKI con el PSOE y el PSC. Los agentes han reclamado contratos, facturas y justificantes de pago para determinar el alcance de dichas operaciones. La Guardia Civil trata de aclarar, entre otras cuestiones, el supuesto pago de 20.000 euros que, según las pesquisas, habría autorizado Santos Cerdán al medio 'Crónica Libre' mediante una tercera agencia dentro de una campaña publicitaria desarrollada durante las elecciones catalanas de 2024.

El oficio policial recoge además que se han detectado relaciones económicas entre Crónica Libre e IKI Group Communications por valor de 18.125 euros en 2024. A ello se suman operaciones comerciales identificadas entre el PSOE e IKI Media Solutions durante los requerimientos de información practicados recientemente.

Con esta nueva decisión judicial, la investigación suma un elemento más: el interés de los investigadores ya no se limita a reconstruir actuaciones individuales, sino que se extiende a las cuentas, contratos y movimientos económicos del partido en un momento especialmente delicado para el PSOE.