La Fiscalía sale al rescate de David Sánchez y Gallardo con una petición de absolución
El Ministerio Público considera que las pruebas no permiten condenar a los acusados y cuestiona la estrategia seguida por las acusaciones durante la vista oral.
David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo llegando al juicio en el que están imputados.
La Fiscalía ha solicitado la absolución de David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, y del secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Badajoz por la contratación del primero en la Diputación provincial.
La petición fue formulada este lunes por la fiscal del caso, Begoña García Boró, durante su informe final, en el que elevó a definitivas las conclusiones provisionales presentadas la pasada semana. Según defendió, ni la instrucción ni las pruebas practicadas durante la vista oral han permitido acreditar la comisión de los delitos por los que las acusaciones populares solicitan condenas.
La fiscal sostuvo que “en ninguna prueba que se ha practicado aquí se desvirtúa el principio de presunción de inocencia” y aseguró que no ha quedado demostrada la participación de los acusados en los delitos que se les atribuyen. Por ello, reiteró su petición de una sentencia absolutoria.
Cuestiona la actuación de las acusaciones
Durante buena parte de su intervención, García Boró dirigió sus críticas a algunas de las acusaciones populares personadas en la causa. La representante del Ministerio Público argumentó que en sus conclusiones definitivas se han incorporado hechos nuevos, valoraciones jurídicas y elementos surgidos durante el propio juicio que no figuraban en los escritos iniciales de acusación.
Además, recordó la doctrina del Tribunal Supremo que impide modificar de forma sustancial el objeto del procedimiento una vez delimitados los hechos sometidos a enjuiciamiento. Según explicó, algunas acusaciones han intentado introducir cambios que afectarían incluso a la determinación de posibles responsables, algo que considera incompatible con la jurisprudencia consolidada.
La fiscal también reprochó que los escritos presentados no concretan adecuadamente los hechos presuntamente delictivos y afirmó que en algunos casos se mezclan hechos y valoraciones jurídicas, dificultando la identificación exacta de las conductas que pretenden atribuirse a los acusados.
El debate sobre la creación de la plaza
Uno de los puntos centrales del procedimiento es la creación de la plaza que ocupó David Sánchez en 2017 como coordinador de las actividades de los conservatorios dependientes de la Diputación de Badajoz.
Las acusaciones sostienen que la plaza fue diseñada específicamente para beneficiar al hermano del presidente del Gobierno. Sin embargo, la fiscal recordó que los propios agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reconocieron durante el juicio que no han podido determinar quién impulsó la creación del puesto ni quién tomó la decisión de ponerlo en marcha.
“Se desconoce de quién partió la idea o iniciativa de la creación”, recordó García Boró aludiendo a las conclusiones expuestas por los investigadores durante la vista oral.
La fiscal también destacó que ese tipo de puesto ya había existido con anterioridad dentro de la estructura de los conservatorios y que desapareció tras una reorganización producida años antes.
La tramitación del proceso de selección
En su alegato, la representante del Ministerio Público repasó igualmente el procedimiento seguido para cubrir la plaza y defendió que se desarrolló conforme a los trámites previstos para un puesto de alta dirección.
Según explicó, el expediente fue sometido a aprobación por los órganos competentes y no consta que se presentara ninguna reclamación, recurso o impugnación contra su creación una vez fue aprobado.
La fiscal también rechazó la tesis de las acusaciones sobre la supuesta existencia de irregularidades en las actas de valoración de los candidatos. A su juicio, no existen dos actas contradictorias, sino documentos correspondientes a fases distintas del procedimiento. Uno recoge la valoración de méritos de los aspirantes y otro refleja la selección de los candidatos que reunían las habilidades consideradas adecuadas para el puesto.
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La acusación por prevaricación
En la parte final de su intervención, García Boró analizó el delito de prevaricación administrativa atribuido a varios de los acusados.
La fiscal defendió que para sostener una condena por este delito es imprescindible identificar con claridad cuál fue la resolución administrativa presuntamente arbitraria y qué norma concreta habría sido vulnerada. Sin embargo, consideró que esa delimitación no aparece reflejada de forma precisa en los escritos de acusación.
Por este motivo, la Fiscalía mantiene que las pruebas practicadas durante el juicio no permiten acreditar los delitos atribuidos a David Sánchez, Miguel Ángel Gallardo y el resto de procesados, por lo que ha solicitado su absolución ante la Audiencia Provincial de Badajoz.