Los exjefes de ETA vuelven a esconderse tras el silencio ante la Audiencia Nacional
‘Anboto’, ‘Olga’, Olarra, Esparza y ‘Txapote’ se niegan a declarar por el atentado de Santa Pola y el asesinato del teniente coronel Pedro Antonio Blanco
Archivo - María Soledad Iparraguirre en el juicio por su colaboración en un atentado del 94 en Getxo.
Los antiguos jefes de ETA han vuelto a hacer lo que mejor supieron hacer durante décadas: mirar hacia otro lado ante el dolor de sus víctimas. María Soledad Iparraguirre, alias Anboto; Ainhoa Mújica, Olga; Juan Antonio Olarra; Félix Ignacio Esparza y Javier García Gaztelu, Txapote, se han acogido este martes a su derecho a no declarar ante la Audiencia Nacional en dos causas que remueven algunos de los crímenes más salvajes de la banda terrorista: el atentado contra la casa-cuartel de Santa Pola, en 2002, y el asesinato del teniente coronel Pedro Antonio Blanco, en el año 2000.
Comparecieron por videollamada desde las prisiones en las que cumplen condena. Pero no dijeron nada. Ni una palabra para ayudar a esclarecer la verdad. Ni un gesto hacia las familias. Ni una mínima grieta en ese muro de cinismo con el que el mundo de ETA ha intentado protegerse durante años.
La Justicia quería preguntar. Las víctimas querían respuestas. Ellos eligieron el silencio.
Santa Pola: la barbarie contra una niña de seis años
El juez Antonio Piña, titular de la Plaza 6 del Tribunal Central de Instancia, había citado a Anboto, Olga, Olarra y Esparza como investigados por el atentado de Santa Pola. Aquel 4 de agosto de 2002, ETA hizo estallar un coche bomba junto a la casa-cuartel de la Guardia Civil. Murieron Silvia Martínez, una niña de solo seis años, y Cecilio Gallego, un hombre de 57.
Conviene repetirlo porque algunos parecen empeñados en blanquear la historia: ETA asesinó a una niña de seis años. No fue un “conflicto”, no fue una “consecuencia política”, no fue una “época difícil”. Fue terrorismo. Fue una bomba. Fue una niña muerta.
La investigación trata ahora de determinar si la cúpula de la banda tuvo responsabilidad directa en la decisión de ejecutar aquel atentado. Es decir, si quienes mandaban en ETA dieron cobertura, ordenaron o avalaron un ataque contra una casa-cuartel en el que acabaron asesinados una menor y un civil.
Según un auto judicial, el funcionamiento de ETA, sometido a una “férrea disciplina cuasi militar”, permite sostener que el atentado de Santa Pola habría sido decidido por la dirección de la organización terrorista. El juez apunta además a que el ataque pudo ser concebido como una medida de presión y castigo en pleno proceso para ilegalizar Batasuna mediante la Ley de Partidos.
No solo los que ponen la bomba
La Audiencia Nacional ya condenó en 2012 a 843 años de cárcel a Andoni Otegi Eraso, alias Iosu, y a Óscar Celarain Ortiz, Peio, al considerar probado “sin ningún género de duda” que fueron los autores materiales del atentado.
Pero la pregunta que sigue viva es otra: quién lo decidió. Quién lo ordenó. Quién, desde la comodidad cobarde de la dirección etarra, señaló el objetivo y asumió que una niña podía morir despedazada por una bomba.
Eso es lo que esta causa pretende aclarar. Porque el terrorismo no empieza solo cuando alguien coloca un explosivo. Empieza antes, en los despachos clandestinos, en las órdenes internas, en la estructura que decide matar y luego pretende esconderse detrás del silencio.
El asesinato del teniente coronel Blanco
Olarra y Mújica también fueron citados como investigados por el asesinato del teniente coronel Pedro Antonio Blanco, cometido en el año 2000 mediante la explosión de un coche bomba. En esa misma causa también fue llamado Txapote, otro de los nombres más infames de la historia criminal de ETA. Tampoco quiso declarar.
El patrón se repite: ante la Justicia, silencio; ante las víctimas, desprecio; ante la historia, ninguna colaboración.
ETA mataba, intimidaba y pretendía imponer su proyecto totalitario a base de sangre. Y ahora, cuando los tribunales tratan de reconstruir la cadena de mando de aquellos crímenes, sus antiguos dirigentes optan por no decir nada. Es su derecho procesal, sí. Pero también es una fotografía moral.
Las víctimas no se rinden
Las declaraciones fueron solicitadas por las acusaciones, entre ellas la Asociación de Víctimas del Terrorismo y Dignidad y Justicia. Una vez más, son las víctimas quienes empujan para que no se archive la verdad, para que no se diluya la memoria y para que los responsables de ETA no puedan esconderse detrás del paso del tiempo.
Porque hay una parte de España que parece tener demasiada prisa por pasar página. Las víctimas, no. Y hacen bien. Antes de pasar página, hay que leerla entera. Con nombres, con fechas, con bombas, con muertos y con responsables.