Sánchez y su semana judicial más negra: Begoña Gómez, Zapatero, Leire Díez, Mercedes González, Ábalos...

Cuando uno cree que nada puede empeorar, la situación lejos de ir a mejor se torna más oscura, si cabe. Con el juicio contra David Sánchez Peréz-Castejón visto ya para sentencia, hay semanas que marcan toda una vida. La política y la personal. Pedro Sánchez afronta a partir del lunes varios días de máxima presión institucional, judicial y mediática. 

Mientras el Gobierno en su conjunto -y el ala oeste del Palacio de la Moncloa en particular- trata de buscar una salida a este particular calvario, los tribunales, la Audiencia Nacional, el Senado y el Tribunal Supremo concentran una sucesión de acontecimientos que vuelven a colocar bajo los focos a personas clave del círculo político, familiar y orgánico más estrecho de Pedro Sánchez. 

Desde Begoña Gómez hasta José Luis Rodríguez Zapatero, pasando por Mercedes González, Leire Díez, José Luis Ábalos o Koldo García, el calendario amenaza con convertirse en una auténtica semana de pasión, dolor y sufrimiento para el presidente del Gobierno, para los socialistas y para sus socios.

Lunes: Begoña Gómez ante el juez, o con la Policía

¿Se atreverá la esposa del presidente del Gobierno a plantar al juez Juan Carlos Peinado? ¿Será capaz de echarle un nuevo pulso? ¿Tendrá Begoña Gómez el valor de ignorar la citación judicial? ¿Será esa parte de la estrategia de su defensa?.

La semana arranca con la inquilina del Palacio de la Moncloa en el foco y con nuevos titulares sobre una de las causas judiciales que más desgaste político está provocando al jefe del Ejecutivo. Begoña Gómez está citada el lunes a las 18:00 horas ante el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, en una vista considerada decisiva dentro del procedimiento que dirige el magistrado Juan Carlos Peinado.

La comparecencia, inicialmente prevista para el pasado 9 de junio y aplazada a petición de la defensa, constituye uno de los últimos trámites contemplados antes de que el magistrado decida si procede la apertura de juicio oral con jurado popular.

La importancia de la cita no radica únicamente en el análisis de la situación procesal de la esposa del presidente. El juez también ha acordado debatir la posible adopción de medidas cautelares respecto a los tres investigados en la causa: Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Carlos Barrabés.

En el auto por el que convocó la vista, Peinado recordó la gravedad de los delitos investigados y advirtió de la obligación de comparecer personalmente. Si no, podrían intervenir los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. ¿Entraría la policía judicial al Palacio de la Moncloa en busca de Begoña Gómez? ¿Busca esa imagen Pedro Sánchez?

La acusación popular solicita para Begoña Gómez una elevada pena de prisión -20 años- teniendo en cuenta los cuatro delitos que le van a llevar al banquillos de los acusados: tráfico de influencias -6 años-, corrupción en los negocios -4 años-, apropiación indebida -6 años- y malversación de caudales públicos -4 años-.

Entre las medidas cautelares que podrían plantearse figuran desde comparecencias periódicas, hasta restricciones de movilidad por la entrega del pasaporte y la prohibición de abandonar suelo español. Fuentes jurídicas consideran muy improbable la adopción de medidas privativas de libertad, aunque la mera discusión de esa posibilidad añade una gran incertidumbre en el entorno presidencial.

Sin duda, para Sánchez, la imagen de su esposa regresando nuevamente al centro del escenario judicial constituye un problema que trasciende lo estrictamente procesal y golpea directamente la credibilidad de su discurso. ¿La decisión de un jurado popular también se considera 'lawfare' en el relato 'monclovita'?

Martes: Mercedes González y su relación con Leire Díez

Si el lunes estará protagonizado por la esposa del presidente, el martes será el turno de otro de los nuevos personajes surgidos y más que cuestionados tras las revelaciones en torno a la trama corrupta de las cloacas del PSOE. La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, comparecerá ante la Comisión de Interior en el Senado para responder sobre las reuniones mantenidas con Leire Díez. Las mismas que Fernando Grande-Marlaska negó, como también hizo con la escolta policial asignada a la 'fontanera' que ahora sabemos que sí que la hubo. 

La comparecencia se produce después de que los informes incorporados a la investigación reflejaran varios encuentros entre ambas. El Partido Popular, que controla la mayoría en la Cámara Alta, considera que estas reuniones exigen explicaciones políticas inmediatas. La polémica se vio alimentada por el aplazamiento de una primera convocatoria parlamentaria. González alegó compromisos institucionales vinculados a la visita del Papa León XIV y a reuniones previamente programadas dentro de la estructura de mando de la Guardia Civil.

La oposición sostiene que la situación de la directora general se ha vuelto políticamente insostenible, mientras que el Gobierno insiste en que los contactos conocidos no acreditan conducta irregular alguna. Pero lo cierto es que la propia directora general de la Guardia Civil maniobraba contra el Instituto Armado, solo por intereses que beneficiaban a P. S.

Zapatero, 'el mudito' que busca salir pitando

El miércoles y el jueves la atención también se trasladará a la Audiencia Nacional, donde la causa que afecta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero afronta días especialmente relevantes. Inicialmente, el líder socialista fue citado a comienzos de junio, aunque el exjefe del Ejecutivo obtuvo un aplazamiento tras solicitar más tiempo para preparar su defensa debido a la complejidad y extensión del procedimiento. Seguramente, se esté arrepintiendo. Para Moncloa y Ferraz alargar estos plazos está siendo un verdadero suplicio. Y lo que les queda. 

La investigación a Zapatero va mucho más allá del rescate público concedido a Plus Ultra durante la pandemia. Los investigadores tratan de determinar si existió una estructura de influencia política, empresarial y financiera susceptible de tener relevancia penal.

En paralelo, la defensa de la mano derecha de Pedro Sánchez no solo en política exterior ha centrado parte de su estrategia en cuestionar la validez de determinadas pruebas obtenidas durante la investigación, especialmente aquellas relacionadas con el contenido de dispositivos electrónicos que habrían permitido seguir determinadas líneas de investigación. 

En concreto, Zapatero busca ahora la nulidad de la causa impugnando el volcado del teléfono móvil por el que la administración estadounidense llega hasta él. En el terminal de Rodolfo Reyes, dueño de Plus Ultra, se encontraron referencias directas al expresidente. A la vista de las intenciones de la defensa, el magistrado ya ha solicitado permiso a Estados Unidos para poder utilizar esta información. Resulta evidente que los planes de Zapatero no pasan por ser juzgado, lo que aumenta el riesgo de fuga del hombre que más escucha Pedro Sánchez.

La aparición de joyas de elevado valor económico durante los registros practicados por los investigadores ha añadido una enorme repercusión mediática al caso. Luis Arroyo, portavoz oficioso de Zapatero llegó a decir que los diamantes, rubíes y joyas eran producto de una herencia familiar y que no sobrepasaban los 50.000 euros de valoración. Ahora sabemos que ya hay una tasación que cifra su precio en 1.300.000 euros. Un delito fiscal del que además su dueño no tiene la documentación que acredite cómo llegaron a él esas pulseras, pendientes y collares árabes. 

Por todo esto, no es descartable que José Luis Rodríguez Zapatero se niegue incluso a declarar el próximo 17 y 18 de junio. En sus nuevos planes, tiene lógica no responder ni a las preguntas de su defensa. Sobre todo, cuando el objetivo es que echar abajo la causa y que el juicio no se celebre. 

Sentencia de Ábalos y de Koldo: a la sombra mucho tiempo

Por si todo esto fuera poco, en los próximos días se va a conocer la segunda sentencia por corrupción del 'sanchismo'. La primera fue la condena al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz por la guerra emprendida contra Isabel Díaz Ayuso, en la que reveló datos personales de su pareja. Hace una semana, el Tribunal Supremo ya avanzó que la primera sentencia del 'caso PSOE' -todos los son, aunque con diferentes ramificaciones- es "inmediata" y califica los hechos como "muy graves".

La resolución es esperada con enorme interés político porque afectará a una de las tramas de corrupción que más daño han causado al PSOE desde la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa. Las acusaciones mantienen elevadas peticiones de pena contra José Luis Ábalos -24 años de prisión- y Koldo García -19 años y medio entre rejas- por las presuntas irregularidades relacionadas con contratos de material sanitario durante la pandemia. Víctor de Aldama, para el que se pedían 7 años de cárcel, podría ver rebajada su condena por colaborar con la Justicia.

Este anuncio va a suponer un clavo más en el ataúd político de Pedro Sánchez y de su Ejecutivo de coalición PSOE-Sumar. Por no hablar, del papelón en el que quedarán retratados sus socios. Además de los herederos de ETA, también está Junts, ERC, PNV o, incluso, Podemos. Todo serán malas caras, pero con los mismos apoyos.

Leire Díez: más P. S. y nuevas informaciones de SEPI

La última incógnita de esta semana negra se encuentra también en la Audiencia Nacional. El levantamiento parcial por medio del juez Santiago Pedraz del secreto de sumario en la investigación sobre Leire Díez ha permitido conocer nuevos elementos que apuntan a una estructura mafiosa orientada a influir en procedimientos judiciales que afectaban al PSOE, al Gobierno y al propio Pedro Sánchez.

La documentación incorporada a la causa ha provocado una intensa batalla política entre Ejecutivo y oposición. Mientras los socialistas intentan desvincular a la dirección del partido de las actuaciones investigadas, los partidos de la oposición sostienen que las revelaciones conocidas muestran un sistema organizado de presión y protección política: la 'Gestapillo' del 'sanchismo'.

La investigación sigue abierta y no puede descartarse que durante los próximos días aparezcan nuevos detalles sobre el papel de distintos actores políticos, empresariales e institucionales. Hemos sabido que P. S. es Pedro Sánchez y que estaba al tanto de todo lo que esta mafia hacía, por mucho que él y lo suyos traten de desmarcarlo de las "andanzas" de los sicarios 'sanchistas'. 

Los agentes de la Guardia Civil sostienen que Santos Cerdán, exsecretario de Organización y mano derecha de Sánchez en el PSOE, y Leire Díez, mano derecha de la mano derecha del máximo líder socialista, eran los líderes de una trama que tenía por objetivo "proteger" al Gobierno y al partido de investigaciones judiciales. Y ahí entra también en juego la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales -SEPI-. En los próximos días conoceremos más detalles de cómo los sicarios del 'sanchismo' utilizaban esta institución para recibir mordidas y hacer negocios al margen de la ley, propios del sindicato del crimen en el que se ha convertido la cloaca del PSOE.

La pregunta obligada es si alguno de estos infames acontecimientos harán que Pedro Sánchez dimita y convoque elecciones. La realidad es que el presidente del Gobierno tendrá muchos y muy graves problemas judiciales cuando deje de serlo. Ahí está la respuesta.