Belarra se estrella en los tribunales: 9.000 euros por llamar "corrupto" al exmagistrado García Castellón
La Justicia condena a Ione Belarra por vulnerar el honor del exmagistrado Manuel García Castellón y le obliga también a difundir la sentencia en su red social.
La secretaria general de Podemos y diputada en el Congreso, Ione Belarra, ha recibido un serio revés judicial. El Juzgado de Primera Instancia Número 45 de Madrid la ha condenado a indemnizar con 9.000 euros al exmagistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón por haberle llamado “corrupto” y prevaricador en redes sociales.
La sentencia considera que esas manifestaciones constituyen una intromisión ilegítima en el derecho al honor del magistrado jubilado. Además de la indemnización económica, Belarra deberá difundir el contenido de la resolución judicial en su perfil de X, la misma red social en la que se produjo la publicación que dio origen a la demanda, o en otro medio de características similares.
García Castellón había acudido a los tribunales al entender que las expresiones utilizadas por la dirigente de Podemos eran ofensivas, ultrajantes y carentes de un interés general legítimo. En su demanda reclamaba una indemnización de 350.000 euros, o la cantidad que el juzgado considerase adecuada atendiendo a la gravedad de la lesión y a la amplia difusión de las declaraciones.
El exmagistrado defendía que la libertad de expresión no puede amparar cualquier afirmación, especialmente cuando se imputan conductas tan graves como la corrupción o la prevaricación sin una base suficiente. En esa línea, recordaba que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional reconoce una protección amplia a la libertad de expresión, pero no ilimitada.
Belarra, por su parte, sostuvo que sus palabras se enmarcaban en el ejercicio de su actividad política y en su libertad parlamentaria como diputada para valorar la actuación del exjuez de la Audiencia Nacional. Sin embargo, esa tesis no ha prosperado en esta vía judicial.
El caso ya había pasado previamente por el Tribunal Supremo, ante el que García Castellón presentó inicialmente la demanda por la condición de aforada de Belarra. No obstante, la Sala de lo Civil determinó que el Supremo no era competente, al considerar que las manifestaciones realizadas en redes sociales no fueron pronunciadas en el ejercicio estricto de su cargo parlamentario.
Por ese motivo, el asunto acabó en los juzgados de primera instancia de Madrid, que ahora han dado la razón al exmagistrado. La resolución, en todo caso, no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Madrid