El Supremo ultima el fallo del caso Koldo: Ábalos afronta hasta 24 años y Aldama espera una rebaja
La Sala de lo Penal podría adelantar este martes el resultado de su deliberación sobre el exministro, Koldo García, José Luis Ábalos y Víctor de Aldama, con penas previsiblemente inferiores a las reclamadas por las acusaciones populares
Ábalos, Koldo y Aldama
El Tribunal Supremo podría comunicar este martes el sentido de la sentencia del denominado caso Koldo, la pieza en la que han sido juzgados el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su antiguo asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación de contratos públicos durante la pandemia.
La Sala Segunda habría iniciado este lunes sus deliberaciones y, según las informaciones publicadas, estudia adelantar durante la mañana el resultado del fallo y las penas impuestas, aunque la resolución completa y los argumentos jurídicos podrían conocerse varias semanas después.
El tribunal está compuesto por siete magistrados y presidido por Andrés Martínez Arrieta. Uno de los principales interrogantes es si la resolución contará con el respaldo unánime de la Sala o si alguno de sus integrantes formulará un voto discrepante.
Ábalos afronta la petición más elevada
La Fiscalía Anticorrupción mantuvo al término del juicio una petición de 24 años de prisión para José Luis Ábalos por los delitos que le atribuye en relación con la contratación de material sanitario y el supuesto cobro de comisiones.
Para Koldo García, considerado por el Ministerio Público el principal colaborador del exministro, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, solicitó 19 años y seis meses de cárcel. En el caso de Víctor de Aldama, la reclamación quedó fijada en siete años, con una reducción vinculada a su colaboración con la investigación.
Las acusaciones populares elevaron sus peticiones hasta los 30 años para Ábalos y cerca de 29 para Koldo. Respecto a Aldama, alguna de las acusaciones rebajó su solicitud hasta los cinco años y dos meses al considerar decisiva la información que aportó para reconstruir el funcionamiento de la presunta trama.
Las condenas podrían situarse finalmente por debajo de las penas máximas reclamadas por las acusaciones populares y aproximarse a las conclusiones defendidas por Anticorrupción. Incluso con una reducción, Ábalos y Koldo se enfrentan a penas que implicarían su permanencia en prisión.
Los mensajes y los pagos en efectivo
El juicio quedó visto para sentencia el pasado 7 de mayo, después de que el fiscal Alejandro Luzón presentara sus conclusiones definitivas y repasara los principales indicios incorporados a la causa durante la investigación y la vista oral.
Anticorrupción sostuvo que las conversaciones intervenidas permitían seguir el rastro de las operaciones y de los pagos presuntamente realizados entre los acusados. Luzón rechazó que los mensajes hubieran sido interpretados fuera de contexto y destacó las referencias a términos como "lechugas", "chistorras" o "cafés", utilizados supuestamente para hablar de dinero y teléfonos seguros.
El fiscal también atribuyó a Koldo García un papel de absoluta confianza respecto a Ábalos y aseguró que durante el periodo investigado entregó al exministro 94.800 euros cuyo origen y finalidad no habrían quedado justificados.
Según la acusación pública, en ese mismo intervalo Ábalos no realizó retiradas de efectivo de sus cuentas bancarias, circunstancia que fue utilizada para reforzar la tesis de que parte de sus gastos habría sido atendida mediante dinero proporcionado por su antiguo asesor.
El contrato de las mascarillas
Una parte central del juicio se concentró en los contratos de mascarillas adjudicados desde el Ministerio de Transportes durante los primeros meses de la pandemia.
La Fiscalía no cuestionó únicamente el cumplimiento formal de los contratos, sino el supuesto aprovechamiento de información privilegiada y la intervención de los acusados para favorecer los intereses de la empresa suministradora.
Luzón defendió que las condiciones de la operación se adaptaron a las necesidades de los vendedores y recordó que el volumen previsto pasó de cuatro a ocho millones de mascarillas. La acusación sostiene que Aldama aprovechó su acceso al entorno del Ministerio para introducirse en un negocio público especialmente lucrativo.
El fiscal calificó de determinante la colaboración del empresario para descubrir aspectos de la trama y reconstruir la relación entre sus integrantes. No obstante, mantuvo para él una petición de siete años al considerar que legalmente no podía aplicar una reducción mayor, aunque dejó abierta la posibilidad de que el tribunal valore su confesión y la ayuda prestada a la Justicia.