Pardo de Vera se erige en perito de su propia defensa para negar los amaños del caso Koldo
La expresidenta de Adif entrega al juez cinco informes elaborados por ella misma y sostiene que la participación de hasta 50 técnicos hacía imposible manipular las adjudicaciones investigadas
La expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera durante su declaración como testigo en el Tribunal Supremo en el juicio de las mascarillas.
La expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera ha presentado ante el juez del caso Koldo cinco informes con los que trata de descartar cualquier irregularidad en los contratos públicos bajo investigación. Los documentos han sido elaborados por ella misma en calidad de ingeniera y especialista en contratación ferroviaria.
Pardo de Vera, investigada en la Audiencia Nacional, sostiene que los procedimientos examinados estuvieron sometidos a numerosos controles técnicos, jurídicos, administrativos y económicos. Según su argumentación, la intervención de entre 25 y 50 profesionales en cada adjudicación hacía prácticamente imposible manipular los expedientes.
Los informes han sido remitidos al juez Ismael Moreno, que investiga los presuntos amaños de contratos públicos vinculados a la trama del caso Koldo. En la causa también figuran como investigados el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y varios empresarios.
«El análisis de la documentación del expediente permite concluir que las actuaciones examinadas estuvieron documentadas y sujetas a controles internos, colegiados, técnicos, jurídicos y de inspección», afirma Pardo de Vera en las periciales entregadas al instructor.
A partir de esa documentación, la expresidenta del administrador ferroviario asegura que se puede «descartar de plano cualquier tipo de irregularidad» en las obras que permanecen bajo sospecha judicial.
Más de cien informes analizados
Fuentes de su entorno señalan que para aprobar cada una de las adjudicaciones se estudiaron más de cien informes elaborados por diferentes departamentos de Adif y por organismos independientes. Los análisis abarcaban cuestiones de ingeniería, legalidad, gestión administrativa y viabilidad económica.
Pardo de Vera también reivindica haber implantado durante su etapa al frente de Adif un sistema destinado a reforzar la transparencia y la trazabilidad de los contratos. A su juicio, la cantidad de controles y la participación de numerosos funcionarios resultan incompatibles con una posible manipulación de las licitaciones.
La investigada recalca que su papel en los procedimientos fue únicamente orgánico y que las decisiones no dependían exclusivamente de la Presidencia de Adif. Defiende que cada expediente atravesó distintas mesas de contratación, órganos técnicos y controles internos y externos antes de ser aprobado.
Contratos en cinco comunidades
Los informes entregados al juez reconstruyen el proceso seguido para adjudicar contratos de alta velocidad a empresas como Acciona, Ferrovial, OPR y ASCH. Las actuaciones investigadas se localizan en Sant Feliu de Llobregat, Almería, Murcia, Asturias y Lugo.
En las periciales, Pardo de Vera identifica los organismos que participaron en cada procedimiento, las mesas de contratación que intervinieron, los informes emitidos, los documentos firmados y las responsabilidades correspondientes a cada nivel administrativo.
La expresidenta de Adif pretende demostrar así que todas las decisiones estuvieron justificadas y documentadas, y que no existe una relación directa entre su actuación y los presuntos amaños que investiga la Audiencia Nacional